El 14 de julio, la Asociación Vecinal del Barrio Mirasoles —ubicado en Fair al 600, Monte Grande, a unos 3 kilómetros de Cresta Roja— presentó una denuncia formal ante el Municipio de Esteban Echeverría por la contaminación generada por la planta procesadora Wade/Cresta Roja, en El Jagüel. La presentación fue encabezada por Leonel Litvak, presidente de la asociación, quien se manifestó en sintonía con las organizaciones que vienen sosteniendo el reclamo en el distrito, entre ellas el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), cuyo referente local, Alejandro Cruz, impulsa denuncias ante el Municipio y ACUMAR desde febrero de este año.
“En Esteban Echeverría vivimos con las ventanas cerradas, pero el olor entra igual. Se mete en la ropa, en las sábanas, en la comida y, lo que es peor, en los pulmones de nuestros hijos“, afirmó Litvak. Para el presidente de la asociación vecinal, la situación “dejó de ser una molestia para transformarse en un problema gravísimo de salud pública y ambiental“.
El origen del problema, según describió Litvak, está en el sector de renderizado de la planta, donde se realiza la cocción a altas temperaturas de plumas, tripas y sangre de pollo junto con aditivos químicos para producir harina de subproductos destinada a alimento balanceado. “Lo que llega a nuestras casas a través de las chimeneas es un humo cargado de compuestos químicos y partículas nauseabundas“, señaló, y detalló las consecuencias inmediatas: “El aire se vuelve directamente irrespirable, generando náuseas, dolor de cabeza, ardor de ojos y problemas respiratorios inmediatos“.
Para el representante barrial, las consecuencias sobre la salud de los vecinos son la evidencia más contundente del fracaso de los controles. Las emanaciones del sector de renderizado generan de manera recurrente náuseas, dolor de cabeza, ardor de ojos y problemas respiratorios en los residentes del barrio y de las localidades cercanas. El presidente de la asociación apuntó directamente contra la empresa: la persistencia de la contaminación, a su juicio, revela “producción clandestina o la falta de filtros adecuados” y demuestra que Wade/Cresta Roja “sistemáticamente ignora los compromisos firmados con el municipio“. Para Litvak, ese historial de incumplimientos convierte las actas y multas en instrumentos insuficientes frente a una empresa que, según sostuvo, prioriza la rentabilidad por encima de la salud de la comunidad que la rodea.
Frente a ese cuadro, la Asociación Vecinal del Barrio Mirasoles reclama que los organismos competentes —ACUMAR, la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Esteban Echeverría— establezcan “controles vecinales y auditorías permanentes en tiempo real“, de manera que la fiscalización deje de ser reactiva y pase a ser continua. El planteo se alinea con el reclamo que el CEPIS y Cruz vienen sosteniendo desde febrero, y que en las últimas semanas logró un operativo conjunto inédito sobre la planta. Para Litvak, sin embargo, ese avance institucional no alcanza mientras la empresa no incorpore tecnología de filtrado de última generación que garantice emisiones de nulo impacto: “No queremos más parches ni actas de compromiso que se rompen a la semana siguiente“.
Un fenómeno que se agrava de noche y a la madrugada
Litvak describió el mecanismo por el cual las emanaciones se concentran a nivel del suelo, coincidiendo con el diagnóstico que viene sosteniendo el CEPIS: un proceso de inversión térmica por el cual los gases chocan contra las capas de aire y, en lugar de disiparse hacia arriba, bajan y quedan suspendidos a la altura de la calle. “Es un aire espeso, pesado y con un olor a descomposición insoportable que nos quita el derecho básico a ventilar nuestras casas o a disfrutar de un patio“, sostuvo. Según indicó, el fenómeno se agrava particularmente durante las noches y las madrugadas.
El presidente de la asociación remarcó que el impacto no se limita al entorno inmediato de la planta. “No discrimina: afecta tanto al centro de El Jagüel como a un radio de más de seis kilómetros, golpeando incluso a la Reserva Natural Laguna de Rocha“, advirtió. Esta última afirmación coincide con lo señalado en las últimas semanas por Gabriel Videla, cofundador del Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha, quien se sumó al reclamo encabezado por Cruz y advirtió que los efluentes líquidos de la planta llegan al humedal a través del arroyo Ortega.
Antecedentes: inspecciones, multas y clausuras que no frenaron el problema
La denuncia de Mirasoles se suma a un conflicto que lleva meses escalando en términos institucionales. Desde febrero de 2026, el CEPIS y Cruz vienen impulsando presentaciones formales ante ACUMAR y el Municipio. En marzo, la planta fue clausurada de manera preventiva. Sin embargo, los episodios de contaminación continuaron. “A pesar de que ya existieron inspecciones, multas e incluso clausuras preventivas por parte del Municipio y de ACUMAR, la empresa vuelve a encender los digestores y el calvario se repite“, señaló Litvak, quien atribuyó la situación a “una desidia total hacia la comunidad que los rodea“.
El cuadro derivó en una reunión clave celebrada la semana pasada en la sede municipal, en la que por primera vez se sentaron en una misma mesa todos los organismos con competencia directa sobre el caso: la Dirección de Control y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, ACUMAR, la Autoridad del Agua (ADA) y las autoridades municipales, junto al propio Cruz. Días después, un operativo conjunto de esos mismos organismos ingresó a fiscalizar la planta en el momento en que generaba emanaciones activas, en lo que Cruz calificó como un hito histórico en la pelea vecinal.
Las exigencias de Mirasoles
Litvak fue explícito respecto a los límites del reclamo: “No estamos en contra del trabajo ni de la industria, pero el límite es nuestra salud. Ninguna ganancia empresarial puede justificar que un cuarto de millón de personas respire aire contaminado todos los días“.
La asociación exige la clausura definitiva del sector de renderizado hasta que se garantice “una tecnología de filtrado de gases de última generación y de nulo impacto“, controles vecinales y auditorías permanentes en tiempo real por parte de las autoridades ambientales, y respuestas concretas de la empresa. “No queremos más parches ni actas de compromiso que se rompen a la semana siguiente. Queremos recuperar nuestro barrio“, concluyó Litvak. “Necesitamos que abrir la ventana vuelva a significar dejar entrar aire limpio, y no un veneno invisible que nos destruye la calidad de vida“.
