El Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha, una de las organizaciones ambientalistas de referencia en el sur del AMBA, se sumó a las denuncias contra la contaminación generada por la planta procesadora Wade/Cresta Roja en Esteban Echeverría. La adhesión se concretó luego de una serie de charlas entre Alejandro Cruz, presidente de la filial local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) y referente de la lucha contra la contaminación de la planta, y Gabriel Videla, cofundador del colectivo. “Por este trayecto, en cierto modo, es que Alejandro Cruz, el referente de la lucha contra la contaminación de Cresta Roja, nos contactó y tuvimos una serie de charlas“, relató Videla.
El dirigente ambientalista, geógrafo y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, coincidió con el diagnóstico que viene sosteniendo Cruz sobre el origen del problema. “Básicamente la cuestión de la contaminación de Cresta Roja, en términos muy sintéticos, es inadmisible“, afirmó, y atribuyó el cuadro a la antigüedad de la planta: “Es una planta vieja, creo que de 1965-66“, previa incluso a la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires de 1977 (8912), y originalmente estaba ubicada en una zona periférica que con los años se fue poblando.
“Es absolutamente inaceptable”
Videla respaldó de manera explícita el eje central de las denuncias impulsadas por Cruz, centradas en el sector de renderizado de la planta. “Los procesos productivos de Cresta Roja como el faenado y en particular lo que denuncia Alejandro Cruz —y nos parece que es correcto— es la cuestión del renderizado, de la quema de restos de tripa, etcétera, de pollos para fabricar alimento balanceado, que por otra parte es de muy mala calidad, genera una emisión a la atmósfera de partículas irrespirables, en varios días directamente insoportable”, indicó el ambientalista, que además destacó que esas emanaciones son “probablemente tóxicas”. En cuanto al alcance, reconoció que en ocasiones esas emanaciones “llegan hasta el partido de Ezeiza”.
El cofundador del colectivo apuntó directamente contra la falta de controles por parte de los organismos con competencia sobre la planta. Según explicó, se trata de un establecimiento industrial clase 3 o 6, categorizado como altamente contaminante, que debería ser fiscalizado por la Dirección Provincial de Fiscalización del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. “Como está en el área de la cuenca Matanza-Riachuelo, también debe ser fiscalizado por ACUMAR“, agregó, organismo que según su evaluación “fiscaliza poco y nada, por lo visto, nada“.
Para Videla, la consecuencia de esa ausencia de control es que la planta probablemente opere con maquinaria obsoleta y sistemas de filtrado de emisiones gaseosas que “funcionen poco o absolutamente nada“. “Eso es inaceptable. Porque aceptar que una empresa, para ganar más dinero, esté descuidando las condiciones de vida, de calidad de vida y las condiciones de salud de alrededor de doscientos o ciento cincuenta mil personas a su alrededor, eso es absolutamente inaceptable“, afirmó, en sintonía con los reclamos que Cruz y el CEPIS vienen sosteniendo ante ACUMAR y el Municipio.
Relocalización del renderizado, no cierre total
El referente del colectivo precisó cuál es la posición que sostiene frente al conflicto, diferenciándola de un reclamo de cierre total de la planta —en línea con el planteo que también sostiene Cruz—. “No planteamos desde el Colectivo Ecológico el cierre de la empresa, que son cientos de fuentes de trabajo en un momento en el que explota el desempleo y la desindustrialización en Argentina, pero sí la relocalización y el cierre en área urbana del renderizado”, explicó, antes de enfatizar: “Nuestra posición es sencilla pero muy clara: Cresta Roja debe cumplir los parámetros que le fijan los organismos de control”, enfatizó.
Según su posición, el sector de renderizado debería dejar de operar en el área urbana y la empresa debería cumplir con los estándares de filtrado tanto de las emisiones a la atmósfera como de los efluentes líquidos que, según indicó, llegarían al arroyo Ortega y de ahí a la Laguna de Rocha, “que tampoco ha sido medido por ACUMAR en los últimos años“.
Videla remarcó que la contaminación atribuida a Cresta Roja afecta de manera directa tanto a la población de Monte Grande y Ezeiza como al humedal de la Reserva Natural Laguna de Rocha, que recibe los efluentes líquidos de la planta a través del arroyo Ortega. En ese sentido, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir en sus distintos niveles: “El Estado tiene el deber y el poder regulatorio: el Estado Nacional, ACUMAR Nacional, provincial, y la Provincia de Buenos Aires, y terciariamente, pero también, el municipio de Esteban Echeverría“, aun cuando reconoció que el municipio no tiene la función legal de fiscalizar ese tipo de industria.
Dieciocho años de lucha por el humedal
El Colectivo Unidos por Laguna de Rocha nació hace casi dieciocho años como respuesta a una amenaza concreta sobre el humedal. “Nos unificamos ante una amenaza de dos ordenanzas en el Departamento de Chorrera para que el humedal Laguna de Rocha se convirtiera en un polo industrial“, relató Videla. Entre 2008 y 2009 la organización desarrolló un proceso sostenido de movilizaciones, charlas en medios y escuelas, y campamentos junto a otros colectivos, que desembocó cuatro años después en un logro legislativo: en 2012, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la Ley 14.088, que declaró a Laguna de Rocha Reserva Natural Integral y Mixta.
Ese logro se vio amenazado meses después por la Ley 14.216, que Videla calificó de “extremadamente trucha” y “anticonstitucional“, al sustraer hectáreas del humedal para ceder terrenos a los clubes Boca Juniors y Racing Club con fines de desarrollo de polideportivos. Tras un litigio judicial, la norma fue declarada nula y ambos clubes abandonaron los predios en cuestión.
Según explicó Videla, la defensa de Laguna de Rocha se sostiene en su rol como mayor ámbito de biodiversidad del sur del AMBA, su función de regulación hídrica para evitar inundaciones en barrios bajos del Riachuelo, su capacidad de depurar parcialmente las aguas contaminadas que recibe del Triángulo Ortega-Rossi antes de que lleguen al Matanza, y su aporte a la mitigación del cambio climático mediante la absorción de dióxido de carbono.
El cofundador del colectivo señaló además que, a pesar de la nulidad de la Ley 14.216, la fiscalización provincial sobre la reserva sigue siendo deficiente, lo que permite el avance de urbanización informal y la proliferación de basurales en el sector oriental del humedal. Videla describió a la organización como “un colectivo ecológico, una agrupación multiétnica y ambiental“, integrada por estudiantes, amas de casa, vecinos y profesionales de distintas zonas, con reconocimiento municipal y proyección como referente de la lucha por los humedales del AMBA a nivel nacional.
