Horas después de un domingo complicado en que los olores de la planta procesadora Wade-Cresta Roja cubrieron todo Esteban Echeverría y obligaron a los vecinos a encerrarse en sus casas, tuvo lugar este martes una reunión que marca un punto de inflexión en el conflicto: por primera vez, todos los organismos de control y fiscalización con responsabilidad directa sobre la situación se sentaron a la misma mesa. La convocatoria fue impulsada de manera conjunta por el Municipio de Esteban Echeverría y por los vecinos, con Alejandro Cruz, presidente de la filial local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), como referente del reclamo vecinal que motoriza las denuncias desde febrero de este año.
Del encuentro participaron Eva Berezan, directora de Control y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires; Federico Gatti Lavisse, director General Ambiental de ACUMAR; Yésica Lorenzo, directora de Control y Calidad de Preservación de Recursos Hídricos de la Autoridad del Agua (ADA); Alejandro Bonomo, subsecretario de Gobierno municipal de Esteban Echeverría; Claudio Molero, subsecretario de Medio Ambiente municipal, y el propio Cruz en representación del CEPIS y de los vecinos afectados.
“Luego de un domingo conmocionante en el que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas por el terrible olor, se logró que por primera vez se sienten en la misma reunión todos los organismos de control y fiscalización que tienen responsabilidad máxima y directa para la solución de este grave problema“, declaró Cruz al término del encuentro.
La reunión, que se desarrolló este martes en el municipio, significó para los vecinos un gran paso en la búsqueda de la solución definitiva para más de 250 mil personas, radicadas en un radio de 8 kilómetros de la planta, afectadas por los olores nauseabundos que genera la cocción de tripas, plumas y sangre para hacer harina de alimento balanceado.
Primeras medidas y una citación para este miércoles
Según sus participantes, el encuentro no se limitó a un intercambio de diagnósticos. Las partes acordaron coordinar acciones en conjunto, con una hoja de ruta que incluye el análisis de las denuncias existentes, las multas ya aplicadas y sus fundamentos, las evaluaciones surgidas de fiscalizaciones anteriores y la citación a los directivos de la empresa. En ese marco, este miércoles 17 los directivos de Wade/Cresta Roja fueron convocados ante la Dirección de Fiscalización provincial para responder por la contaminación del aire generada por la planta.
Cruz valoró la actitud del Municipio de Esteban Echeverría y de sus secretarías de Gobierno y Medio Ambiente por haber canalizado los reclamos vecinales y promovido este nuevo espacio de articulación institucional. “Estamos satisfechos porque se le empieza a poner límites fuertes a una empresa que sin cuidar sus procesos productivos, ni tener ninguna responsabilidad social gana dinero a costa de la salud y la calidad de vida de centenares de miles de personas“, afirmó el presidente del CEPIS local al concluir la reunión.
Un conflicto que escala desde febrero
El camino hasta esta reunión estuvo trazado por una serie de denuncias, presentaciones formales y episodios de contaminación que se acumularon a lo largo de los últimos meses. En febrero de 2026, Cruz impulsó junto al CEPIS un pedido de Acceso a la Información Pública ante ACUMAR y una nota formal al intendente Fernando Gray, que derivó en un primer encuentro con autoridades municipales. En marzo, la planta fue clausurada, pero los episodios de contaminación continuaron. El domingo previo a esta reunión resultó uno de los más graves registrados: las emanaciones del sector de renderizado —cocción de tripas, plumas y sangre para la elaboración de harina de alimento balanceado— se extendieron hasta Guillón, Monte Grande, El Jagüel y 9 de Abril, afectando a más de 250.000 personas que viven en un radio de 8 kilómetros de la planta.
Frente a ese cuadro, el Municipio profundizó su involucramiento: además de aplicar multas a la empresa, coordinó con los vecinos un cronograma de acción que derivó en la convocatoria a los organismos con competencia ambiental, hídrica y de fiscalización industrial. El resultado fue el encuentro de este martes, en el que confluyeron por primera vez las tres jurisdicciones con atribuciones directas sobre el caso: la Provincia de Buenos Aires, ACUMAR y la ADA, junto a las autoridades locales y los representantes vecinales.
