Defensores del Pueblo de todo el país, contra la suba del gas

Habían interpuesto un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda para impugnar la Resolución 20/2018.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) fue uno de los espacios que encabezó los reclamos en rechazo al importe “extra” en 24 cuotas mensuales que debían pagar los usuarios para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”, y que finalmente el Gobierno dio marcha atrás en la decisión.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó a los senadores nacionales durante la reunión en la antesala al tratamiento del proyecto de Presupuesto que el aumento no se cobrará a los usuarios sino que el Ejecutivo nacional lo pagará en 30 cuotas.

En este sentido, el secretario general adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el fallo y aseveró que la “única modificación que se anunció hoy es que la compensación que pagará el Estado a las distribuidoras los será socializada por todos los ciudadanos” a través de los impuestos.

Aseguró, en ese sentido, que hay datos que muestran que “las empresas de luz y gas están en condiciones de absorber el impacto generado por devaluación y no debe ser el Estado”.

Defensores del Pueblo de todo el país habían presentado un recurso jerárquico para que se suspenda la Resolución 20/2018 del Ministerio de Hacienda y remarcaron que este incremento “no se encuentra debidamente fundado y son desconocidas las causas en las que se sustenta”.

“Resulta obligatorio, para la autoridad estatal, la realización de audiencias públicas previas ante cada alteración de los elementos que componen la tarifa,  en las cuales se debe garantizar principalmente un ámbito participativo, el acceso de los sectores interesados e información suficiente, adecuada y veraz”, apuntó el presidente de ADPRA, Alejandro Amor.

La protesorera de Adpra y Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi, remarcó que es una decisión “arbitraria e inconstitucional” al asegurar que “viola los derechos de los consumidores”. “Implica el traslado de la deuda contraída por las empresas distribuidoras a facturas ya pagadas por los usuarios. Lo más importante es proteger a los ciudadanos. El Gobierno debería buscar la manera de resolver este problema con las empresas, pero sin perjudicar a los vecinos”, manifestó Garibaldi en diálogo con Info Región.

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