Baja en la edad de imputabilidad: El Gobierno tilda de “absurdas” las críticas

Gerardo Milman planteo que organismos de Derechos Humanos “se ponen del lado” de una norma que dictó la Junta Militar.

El Gobierno aspira a bajar la edad de imputabilidad a 15 años. El proyecto ingresará el mes próximo al Congreso. Organismos de Derechos Humanos cuestionaron la intención del oficialismo, que considera “absurdas” las críticas.

“Que se pongan del lado de una norma que dictó (Jorge) Videla, (Emilio) Massera y (Orlando) Agosti, y en contra de un proyecto que deberá discutir el Congreso elegido democráticamente nos pone en el absurdo”, dijo el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad en declaraciones rdiales.

El funcionario explicó que el régimen penal juvenil que está proponiendo el gobierno nacional “tiene más de 100 artículos, y uno solo habla de la edad, y el resto son un montón de medidas socioeducativas para tratar el problema”.

Estela de Carloto fue una de las referentes de organismos de derechos humanos que salió al cruce de la iniciativa. Consideró que “es como una gota que rebalsa el vaso de la tolerancia”. “Es atacar a los más chiquitos que pueden ser también víctimas de una vida tremenda de soledad, desamparo y miseria, que en vez de solucionársela para que sean felices se los va a reprimir de una mera tremenda”, planteó a un medio jujeño.

Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones, participó de la marcha de  antorchas contra los tarifazos y la baja en la edad de imputabilidad. Con medidas ordenadas por el FMI, estamos ante un Gobierno que beneficia a las empresas y perjudica a la sociedad, debilitando cada vez más al Estado, mientras persigue a quienes se oponen a este modelo. En un momento en el que la derecha avanza en la región, debemos reafirmar el compromiso por la unidad para recuperar los derechos del pueblo”, señalaba el comunicado de adhesión.

En un momento en el que la derecha avanza en la región, debemos reafirmar el compromiso por la unidad para recuperar los derechos del pueblo

Este comunicado llevaba las firmas de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación Buena Memoria, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) plantearon que el Gobierno utiliza la “mano dura” como “demagogia electoral irresponsable”. “Estas acciones carecen de sustento riguroso en datos o información fiable, no se piensan de manera integral a fin de resolver la cuestión de la seguridad y sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones”, señalaron a través de un comunicado de prensa.

Advierte que “en las cárceles para jóvenes se padecen graves violaciones de derechos humanos que sólo ocasionan más violencia y restan posibilidades de modificar las conductas por las cuales se los sanciona”. “Esto es lo que ocurre cuando se responde a problemas sociales complejos desde la lógica del sistema penal”, apunta.

Con esta iniciativa no se cambia el paradigma sino que se lo profundiza

“Con esta iniciativa no se cambia el paradigma sino que se lo profundiza”, alerta. “Es necesario modificar el régimen penal vigente para la niñez aprobado por la dictadura militar sin bajar la edad de imputabilidad de 16 años. Bajar a 14 ó 15 años no sólo sería ir más allá del piso establecido por el gobierno militar para la utilización del sistema penal, además viola el principio internacional de no regresividad en materia de derechos humanos que se encuentra receptado en nuestro ordenamiento jurídico. También implica desoír las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño para Argentina que, al igual que UNICEF, plantea no bajar la edad del castigo penal”, asegura la CPM.

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