La jueza Adriana Palliotti quedó sorteada hoy como nueva integrante del Tribunal Oral Federal 2 que intervendrá en el primer juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, tras el fallecimiento del magistrado Jorge Tassara, según el trámite que se cumplió en la Cámara Federal de Casación.
El juicio iba a comenzar el 21 de mayo. La ex presidenta es señalada como coautora de “asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública”, en esta causa que investigó cómo se direccionó la adjudicación de obra pública a las empresas del grupo Báez en Santa Cruz por un valor calculado en 46.000 millones de pesos.
Además de Cristina, en la causa están procesados el dueño de Austral Construcciones y varios ex funcionarios kirchneristas, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner.
Por otro lado, el fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 solicitó enjuiciar a otras 10 personas, entre funcionarios y empresarios. Se trata de seis ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y cuatro empresarios de la construcción quienes, de acuerdo a la acusación, habrían intervenido en las maniobras defraudatorias.
En el marco de la causa caratulada “Grupo Báez y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, solicitó que sean juzgados Sergio Hernán Passacantando, Sandro Férgola, Carlos Joaquín Alonso, Gustavo Marcelo Gentili, Fernando Abrate, Jorge Eduardo Gregorutti, Julio Enrique Mendoza, Fernando Javier Butti, Martín Antonio Báez y Myriam Elizabeth Costilla.
El texto señala que hay “un verdadero mapa de la corrupción, desplegado por diversos actores, a lo largo de aproximadamente doce años”. “En efecto, desde el inicio de la pesquisa, se han ido formando y acumulando distintos expedientes tendientes a investigar variados hechos de corrupción que se habrían extendido a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintos organismos del Estado —Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas, etc.— en beneficio de un puñado de ´empresarios amigos´ ligados personal y comercialmente al ex matrimonio presidencial, entre los que se encuentran Lázaro Antonio Báez, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, quienes se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.
