El Gobierno anunció la intervención del Servicio Penitenciario Federal

Es por la investigación sobre las escuchas ilegales durante la administración de Mauricio Macri.

El Gobierno intervendrá el Servicio Penitenciario Federal. Lo anunció esta mañana el presidente Alberto Fernández, quien expresó su “enorme preocupación” por las denuncias de espionaje ilegal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri.

Tras expresar su “enorme preocupación” ante las denuncias, anticipó que hoy designará a un funcionario a cargo de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios que “tendrá el rol de intervención del Servicio Penitenciario Federal”.

“Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer con las denuncias de espionaje”, dijo Fernández en declaraciones a Radio10 y, en relación al Servicio Penitenciario Federal, anticipó: “Vamos a ocuparnos de intervenirlo y de ciertas cosas que nunca más quiero que ocurran”.

El juez federal Federico Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la Justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.

De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, “cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”.

Esta semana avanzará con la investigación, pero la causa indica que las escuchas se concretaban, también, en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. De hecho, el abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió una denuncia ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las escuchas ilegales a detenidos en cárceles argentinas y pidió que se reclame al Estado Nacional la “destrucción de los registros” de esas comunicaciones.

Cristina Fernández de Kirchner acudió esta semana a los tribunales federales de Lomas de Zamora para tomar conocimiento de la investigación. Fue en calidad de testigo. Además de la Vicepresidenta, entre las presuntas víctimas de la organización ilegal figuran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; los intendentes de Lomas y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y el obispo de Lomas, Jorge Lugones, entre otros.