La Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) advirtió que la delegación en las fuerzas de seguridad de las restricciones a la movilidad generadas por la cuarentena “agudizó” por partes de éstas prácticas contrarias a los derechos humanos “esenciales” como el “derecho a la vida, a no ser detenido arbitrariamente, la prohibición de la tortura y los malos tratos”.
El informe de la RADHIS detalla que desde la promulgación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por parte del Ejecutivo el 16 de marzo y hasta fines de junio se produjeron 101 denuncias de casos de violencia institucional en todas las jurisdicciones argentinas con excepción de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, San Juan y Tierra del Fuego, aunque -aclaran- es necesario tener en cuenta que muchas veces las víctimas no denuncian públicamente estos hechos por temor a las represalias.
Segmentado por tipología de violencia, la “aplicación de violencia física” lidera la estadística con 61 casos registrados, seguida por la “violencia policial por violar la ASPO” con 42 casos. “Violencia psicológica”, ocupa el tercer lugar con 32 denuncias, mientras que “Fallecidos”, “Heridos por arma de policía” y “Desaparecido” registran 22, 13 y un caso respectivamente. En esta estadística es importante considerar que en un mismo caso pueden coexistir diferentes tipos de violencia.
“La violencia es física pero también psicológica y emocional: detenciones con gritos, insultos, provocaciones, golpes y abusos contra mentes y cuerpos; ‘paseos’ en patrullero, falsas imputaciones, pruebas plantadas y armados de causas; todas situaciones que tienen como autores a aquellos que debieran prevenirlas”, detalla el documento.
Naturalizar la violencia
El trabajo elaborado por la Dirección de Violencia Institucional, Políticas de Ejecución Penal e Inclusión Social de RADHIS abreva en diversas fuentes como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, denuncias de ONG’s, medios de comunicación gráficos, redes sociales.
Para esta ONG es preocupante “la naturalización y aceptación” de estos hechos inclusive por parte de “quienes son sus víctimas” y destacan que los casos relevados son “apenas la punta de un iceberg” de una problemática de “violencia institucional estructural”.
“De esta información hay algo que sale a la luz de manera clara y contundente y es la selectividad de la policía por los más pobres y vulnerables. Este carácter selectivo de la violencia también alerta sobre los criterios discriminatorios (clasistas y racistas) que reproducen y profundizan desigualdades sociales”, afirma el trabajo.
En ese sentido, pone de relieve que “arengar a las fuerzas con discursos marciales y demagógicos, justificar y hasta ponderar acciones delictuales” deja a los ciudadanos !a merced de una fuerza violenta, descontrolada que se siente impune”.
Una reforma “necesaria”
En declaraciones a InfoRegión, la titular de RADHIS, Estefanía Buamscha, consideró que es “necesaria una reforma estructural de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y provincial”, y precisó que esta iniciativa debe apuntar al “paradigma de seguridad ciudadana, para afrontar los problemas de convivencia, criminalidad y violencia con perspectiva en derechos humanos y se apunte a no sólo reprimir sino también a prevenir el delito”.
“La situación en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano es preocupante. De las 22 personas fallecidas por el actuar de las fuerzas de seguridad, 18 son bonaerenses, al igual que es la única provincia en la que se investiga una desaparición forzada. Esto arroja que en junio cada 40 horas murió una persona a manos de las fuerzas de seguridad. Si bien esta problemática no fue ajena a ningún gobierno, se incrementó profundamente durante el aislamiento”, concluyó Buamscha.
