Una historiadora e investigadora del Conicet dio detalles sobre la responsabilidad de varias empresas automotrices e industriales en actos represivos durante la última dictadura militar, en el marco del juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar- escuchó este martes la declaración testimonial de contexto de Victoria Basualdo sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívido-militar.
Basualdo, investigadora del Conicet y Doctora en Historia por la Universidad de Columbia, explicó el accionar de 25 empresas durante la última dictadura y detalló específicamente lo que sucedió en las compañías Mercedes Benz, en su planta de González Catán; Saiar, en Quilmes; Molinos Río de la Plata, en Avellaneda; Astillero Río Santiago, en Ensenada y Peugeot, en la localidad de Berazategui.
“Hubo articulación militar-empresarial”, afirmó Basualdo y cuestionó el término “complicidad” por entender que con esa descripción se “alude a un acompañamiento secundario que parece descontar que las empresas lideraron procesos”. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
La especialista dio detalles de una investigación realizada sobre el accionar de 25 empresas durante esa etapa del país, en las que casi 900 trabajadores de esas firmas fueron víctimas de terrorismo de Estado y que permitió establecer que “un 88% de los secuestros de trabajadores se dio en sus lugares de trabajo” y que “el 76% de las empresas entregó información privada de los trabajadores y listas de delegados a fuerzas represivas”. “En un 52% había presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas; el 48% hizo aportes económicos a las fuerzas represivas; un 36% realizó pedidos de detención de trabajadores y un 32% de los secuestros de trabajadores se dio cuando se trasladaban de la fábrica a sus casas”, apuntó.
Luego, Basualdo aportó información sobre los secuestros de trabajadores en Mercedes Benz, dos de los cuales son víctimas en esta causa: Enrique Reimer y Víctor Hugo Ventura, quienes estuvieron cautivos en El Infierno y están desaparecidos. En esos casos, “el personal empresarial estuvo directamente vinculado a los actos represivos”, aseguró.
Similar panorama trazó sobre la firma Saiar en Quilmes, donde también fue secuestrada una víctima cuyo caso se juzga en esta causa y Molinos Rio de La Plata, con dos víctimas en el juicio.
“En el caso de Astillero Rio Santiago, de Ensenada, 70 trabajadores resultaron víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 32 desaparecidos, aunque creemos que esta cifra subestima la realidad de lo ocurrido”, precisó.
Basualdo puntualizó que “desde mediados de 1975 la empresa operó como una unidad operativa más de la represión, con una militarización impresionante de la fábrica, con secuestros en la puerta de ingreso y existencia de detenidos en la planta”. “Es un caso de involucramiento empresarial, en este caso de una empresa estatal controlada por la marina, un caso brutal, extremo”, remarcó.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
La semana pasada, en tanto, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívido-militar.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
