El proyecto de Ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país obtuvo dictamen de mayoría en el Senado y podrá ser debatido la semana próxima en el recinto.
La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue apoyada solo por el Frente de Todos.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, defendieron el proyecto de ley enviado por el Gobierno y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo “son constitucionales”.
Durante un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo adelantó no obstante, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.
En la apertura de las exposiciones, la ministra Vizzotti ratificó que “se ha visto una disminución” del crecimiento de casos de Covid en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones.
“Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud”, explicó.
Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos” en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.
La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso “con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven”.
“No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen”, explicó, pero aclaró que “todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo”.
Respecto a las clases presenciales, aclaró que “todos” desean “tener clases presenciales” pero que “para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud”. “No queremos que se permanezca en situación de alarma”, enfatizó.
El proyecto
La propuesta del Ejecutivo propone “reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico”.
En las zonas de bajo riesgo “se aplican las conductas generales de prevención” y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.
En lugares designados como “riesgo medio”, aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
En aquellos que estén en “alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación”.
“También se plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta”, señalaron las fuentes.
El estado de “alarma” es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.
