Las niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad (NNAPEs) tienen un 75 por ciento más de posibilidades de abandonar sus estudios o de llevarlos adelante con sobreedad; también tienen un 58 por ciento de ser explotados mediante trabajo infantil o un 39 por ciento de ser víctimas de violencia verbal que otras chicos tan pobres como ellos pero de familias que no experimentaron el impacto de las vivencias carcelarias.
“El déficit educativo está correlacionado con la pobreza pero también con la discriminación”, dice Ianina Tuñón, responsable del estudio elaborado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, junto a la oficina regional para América Latina y el Caribe de Church World Service,.
El estudio estima que la población de NNAPEs se mantiene estable entre el 1,3 y el 1,7 por ciento del total de niños y adolescentes de 0 a17 años lo que implica que alrededor de 217.000 integrantes de ese segmento etario viven en hogares donde algún miembro de la familia se encuentra encarcelado, una cifra que se triplica largamente cuando se tienen suma a quienes que atravesaron por esta experiencia pero ya la superaron.
“Para los chicos, esta problemática implica que reducción de ingresos y un adulto menos en el hogar para afrontar estrategias de sobrevivencia, crianza y educación”, dice Tuñón. “Pero también padecer los prejuicios y valoraciones negativas en torno al encarcelamiento, empeora sus condiciones de pobreza porque la familia se ve discriminada para conseguir trabajo, en su hábitat social y escolar”, explicó la profesional quien agregó que “estos chicos tienen que lidiar con una situación familiar que no es fácil explicar ni vivenciar sin que tenga consecuencias negativas para ellos y esta problemática específica los coloca en una posición de desventaja para alcanzar mayores niveles de equidad”.
