El Gobierno nacional estudia poner en marcha una nueva estructura que le permita segmentar las tarifas de electricidad y gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para lograr que los sectores de mayor poder adquisitivo abonen el costo total del servicio, lo que impplicaría un incremento promedio del 80 por ciento en sus facturas.
La necesidad de bajar los subsidios forma parte de la exigencia del FMI para sellar un acuerdo de refinanciamiento de deudas a diez años, de unos USD 45.000 millones que debe pagar la Argentina.
El plan y sus categorías
El Gobierno avanza con un plan de segmentación de tarifas para crear en principio tres categorías de usuarios.
El primer segmento, de mayor poder adquisitivo, sería de entre 10 y el 15 por ciento de la población del área metropolitana y pasarían, desde 2022, a afrontar la tarifa completa, lo cual representaría un aumento de entre el 70 y 80 por ciento.
Esta quita de subsidios sería aplicada sobre los hogares que habitan las zonas de Recoleta, Puerto Madero, Barrio Norte y los countries ubicados en el conurbano norte.
Los de ingresos medios mantendrían los subsidios pero los costos empezarían a tener una actualización en paralelo a la inflación.
Y en tercer lugar aparecen los hogares que afrontarían la tarifa social, la mayoría de los cuales recibe el subsidio de la asignación por hijo y otros planes similares. Este sector representa más del 40 por ciento de los hogares del AMBA y continuarían siendo subvencionados.
Antecedentes
Esa segmentación está siendo analizada por el equipo económico, y ya despertó polémicas y marchas y contramarchas, cuando el intento de aplicarla en el año electoral fue rechazado de plano por los sectores del oficialismo enrolados en torno al instituto Patria que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero el titular del palacio de hacienda, Martín Guzmán, sostiene que los subsidios constituyen una de las razones por las que la Argentina asigna mal los fondos para desarrollar obras y permitir que crezca la inversión en energía.
En la actualidad el Estado paga siete de cada diez pesos de las boletas de suministro eléctrico en un contexto en el que los costos siguen en aumento y el atraso tarifario, estimado en un 80 por ciento, se cubre vía subsidios que, este año rondarán los $ 900.000 millones -unos USD 9.000 millones-, un nivel que para Economía será insostenible de repetir en 2022.
En ese sentido, Guzmán califica este esquema tarifario como “prorico”, una calificación que desde los sectores duros del oficialismo no comparte pues lo ve como una herramienta para derivas gastos hacia sectores que se dinamizan mediante el consumo interno.
