El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre “la imperiosa necesidad de adoptar políticas públicas concretas para que la privación de libertad no sea sinónimo de más discriminación y más violencia hacia las mujeres y las disidencias” al sostener que estos grupos sufren violencias específicas que profundizan las usualmente padecidas por personas en situación de detención.
En ese sentido, detallaron que las mujeres sufren la “afectación del vínculo” con sus hijos, el desmembramiento del grupo familiar, la imposición requisas “invasivas y vejatorias”, falencias en el acceso a la salud psicofísica, y la “vulneración de los derechos sexuales y reproductivos”; mientras que las disidencias se exponen a “actitudes ultrajantes derivadas de los parámetros binarios y cisheteronormativos de las instituciones penitenciarias” como ser “violencias sexuales, discriminación y malos tratos.”
Al respecto, el organismo afirmó que realizó aportes “a los tres poderes del Estado” para que esos derechos sean “plenamente respetados”. Entre las recomendaciones formuladas figura la instrumentación de medidas “para evitar que las mujeres privadas de su libertad se desvinculen de sus lazos familiares, puedan preservar la relación con sus hijos y no queden en situación de desamparo”.
Además, precisó la importancia de “garantizar la salud, higiene, seguridad y salubridad de todas las mujeres detenidas con especial énfasis en las embarazadas, para que durante el período de gestación, parto y/o lactancia no carezcan de medios materiales que vulneren sus derechos”.
El Estado y los derechos de las personas privadas de la libertad
Tras explicar que realizan “visitas de inspección periódicas a lugares de encierro en todo el país”, recalcan que las demandas recibidas refieren a todo tipo de vulneraciones”
“Obstáculos para mantener el contacto con les hijes, dificultades en el acceso a derechos sexuales y reproductivos, falta de acceso a medidas alternativas a la privación de libertad, reproducción de estereotipos de género durante el proceso judicial y en la oferta educativa y laboral; incluso prácticas ultrajantes, tales como la aplicación de medidas de sujeción, sobremedicalización y requisas vejatorias“, detallan en un comunicado.
Por otra parte, la CNPT recalcó que sus recomendaciones ante la pandemia de Covid-19, para evitar riesgos para las detenidas en materia de condiciones alternativas a la prisión y libertad anticipada, especialmente para mujeres con hijos a cargo y en período de gestación derivaron en “una reducción del 51% de las mujeres con hijos privadas de la libertad”, aunque aclaran que esa baja se dio en mayor medida en el Servicio Penitenciario Federal que pasó de alojar 19 mujeres en 2019 a 4 en 2020, que en los servicios penitenciarios provinciales que redujeron su población en este segmento de 115 mujeres en 2019 a 62 en 2020.
.
