Luz y gas: arrancan las audiencias para debatir el incremento tarifarios


A partir de mañana el Gobierno nacional llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para definir las nuevas tarifas energéticas que comenzarán a regir a partir del 1 de junio al definir los precios del gas natural a boca de pozo, el costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que busca reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

Estas audiencias se llevan adelante en el marco del proceso de actualización tarifaria definido por el Ejecutivo en el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional y que apunta a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como indica la convocatoria a las audiencias emitida por la Secretaría de Energía.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo a una segmentación de ingresos como propone el Gobierno “le hacen bien al país” y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a “3 o 4 puntos del Producto”, por su impacto en el déficit fiscal, una declaración que resuena en medio de la disputa con un sector del kirchnerismo.

El escenario en números

Según estimaciones oficiales, y de aprobarse la propuesta de segmentación del Ejecutivo, 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 del servicio de gas residencial perderán todo tipo de subsidio al ser personas que forman parte del 10 por ciento de usuarios con mayor poder adquisitivo que, de acuerdo con el análisis oficial, pagarían unos $6000 más por mes por ambos servicios.

En audiencia pública convocada para este martes a las 10 se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) mientras que un día después, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).

En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

No sólo funcionarios y dirigentes que responden a la vicepresidente ,Cristina Fernández, apuntan a las subas que prevé Guzmán pues entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron al ministro un “minucioso análisis” y una revisión “a fondo” de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas.

En cuanto a las actualizaciones tarifarias, para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos”, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos.

Para el 90 por ciento de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para 2023, esa corrección será equivalente a 40 `pr ciento del CVS del año anterior.

Tarifa social

En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, las únicas reguladas por el Estado Nacional, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6 por ciento mientras que para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17 por ciento para las tarifas de electricidad de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de 21,5 por ciento promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.

Finalmente, la franja de 10 por ciento de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

Según el plan de la Rosada el piso de ingreso para integrar el sector de mayor poder adquisitivo rondaría en torno a los $ 314.000. Y si bien no está claro aún cuánto pasarían a pagar en junio, se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al menos un 200 por ciento.