La Secretaría de Energía identificó cinco criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad para los clientes residenciales de mayores ingresos de cara a las audencias públicas para definir un nuevo esquema tarifario del área metropolitana de Buenos Aires.
Los criterios surgen del informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que será parte del debate que se dará en las audiencias no vinculantes convocadas del 10 al 12 de mayo próximos tras las que actualizarán las tarifas y establecerán subsidios basados en una segmentación por capacidad de pago sobre el principio de gradualidad.
La idea planteada por el Gobierno nacional es reducir totalmente los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena de gas y electricidad.
También prevén la existencia de un segmento medio que recibirá una reducción parcial de los subsidios y -por último- la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables que continuarán con un nivel mayor de asistencia del Estado.
Por el cruce de la información de empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio, se estima que estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.
Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.
Los que pagarán más
En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de:
- Tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT);
- Tener 3 o más inmuebles registrados;
- Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y
- Tener aviones o embarcaciones de lujo.
En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
También podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.
Segmento intermedio
En este segmento los criterios de exclusión contemplados son:
- Ser propietario de dos o más inmuebles,
- Ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y
- Tener más de un suministro bajo su titularidad.
En este difuso segmento intermedio, se entiende que dado que el criterio espacial puede generar errores de inclusión, a la hora de definir la pertenencia o no a un segmento determinado, debe primar el criterio socioeconómico por lo cual todos los suministros que no tengan una modificación en su segmento, se asignará el nivel de subsidios correspondiente al segmento intermedio.
En este sentido, se mencionó que identificó y asignaron características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo jurisdicciones donde este valor se reduce en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.
En la instancia de implementación, la autoridad de aplicación deberá instar a los organismos competentes a la provisión y adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de identificación de forma tal de reducir las solicitudes de reconsideraciones.
