El dueño del micro escolar que el lunes fue robado en el barrio porteño de Villa Luro y protagonizó una persecución policial de 22 kilómetros hasta la localidad bonaerense de Luis Guillón, que incluyó disparos y el choque de al menos 16 autos particulares, una ambulancia y cuatro patrulleros, formalizó hoy la denuncia por el robo contra el autor del hecho que está en libertad.
La denuncia fue presentada por Damián Alessandri, dueño de la unidad, con la representación del estudio jurídico del abogado penalista Matías Morla, ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, con el objetivo de que se sortee un juzgado y una fiscalía de ese fuero para investigar el hecho primario, es decir el robo del vehículo escolar.
Es que la causa judicial iniciada por una fiscalía de Esteban Echeverría luego de la detención del micro y de su conductor, fue caratulada solo como “lesiones culposas” y no incluía el delito del robo porque había ocurrido en jurisdicción de la Capital Federal, lo que permitió que el imputado, Carlos Alberto Cáceres (43), fuera dejado en libertad.
“Es un hecho gravísimo que en un primer momento no tuvo las consecuencias jurídicas que debería haber tenido. Yo hablé con Damián y le di la tranquilidad de que vamos a llevar adelante todas las acciones para lograr Justicia”, aseguró Morla, a través de un comunicado de su estudio.
En el escrito –al que tuvo acceso Télam-, la víctima explicó que el hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 19.30 cuando Alessandri vio como tres personas se robaban el colectivo escolar Mercedes Benz color naranja y blanco que se encontraba estacionado en el cruce de Zelada y Mozart, de Villa Luro, y huyeron rumbo a la avenida General Paz.
En la denuncia, Alessandri aclaró que el chofer dejó estacionado el micro “perfectamente cerrado y colocándole el candado en la puerta” y que el mismo se arrancaba “con llave”, por lo que se constató que había “forzado la puerta, cortado los cables del tablero y efectuado un ‘puente’” para arrancarlo. El dato es clave porque demostraría que no se puede caratular la causa como “hurto” –con una pena de un mes a dos años de cárcel-, sino que al haber habido violencia sobre el vehículo, se configuró al menos un “robo simple”, cuya pena máxima escala hasta los seis años de prisión.
Alessandri incluso reporta en su denuncia que le informaron que la causa la tenía la fiscal Verónica Ciffarelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Esteban Echeverría, que no se harían cargo del robo y que por ese tema fuera a hacer la denuncia a la ciudad de Buenos Aires, pese a que él en su declaración testimonial puso “en conocimiento de la autoridad el suceso” que lo damnificara. Por todo ello, el hombre pidió que se tenga por presente la denuncia y se lo tenga en cuenta como querellante.
Todo culminó tras 22 kilómetros de persecución policial, durante la cual el micro colisionó con al menos 16 autos particulares, una ambulancia y cuatro móviles policiales, sobre la autopista Juan Domingo Perón (Ex Camino Negro), a la altura del puente en el cruce con San Martín, en Luis Guillón, donde uno de los patrulleros se posicionó delante del colectivo y logró que este detuviera su marcha tras ser colisionado.
En esas circunstancias, los policías redujeron al hombre que conducía el colectivo, Cáceres, quien posee antecedentes por una tentativa de robo cometida en febrero de 2020 y que horas más tarde fue dejado en libertad.
Pese a que el dueño del micro habló de tres autores, y la policía de al menos un cómplice, cuando el colectivo fue detenido, solo se halló al chofer, no había armas en su interior y el vehículo recibió varios impactos de bala, razón por la que también intervino la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en casos de Violencia Institucional.
