Este miércoles, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en una conferencia de prensa sin preguntas desde la Casa Rosada, en la que leyó los comunicados de la ONU, OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el conflicto que atraviesa Jujuy tras la reforma constitucional y aseguró que irá a la Justicia.
“Los hechos de represión y violencia estatal son inadmisibles en nuestra democracia, han provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales de los Derechos Humanos que se han pronunciado llamando al cese”, destacó el mandatario quien, visiblemente nervioso, leyó un comunicado.
En tal sentido, sostuvo: “Insto de forma definitiva al gobernador a cumplir con los estandares internacionales en materia de Derechos Humanos. No se lo pide el presidente sino nuestro pueblo“, precisó Fernández en su única actividad oficial de la jornada.
En una peculiar conferencia con periodistas que no pudieron preguntar, señaló que irá a la justicia para reclamar sobre la Constitución votada en la provincia. “Hago saber que he instruido el Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos que violan la Constitución y los tratados internacionales”.
“Le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar conflictos”, insistió y añadió: “Es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta del gobierno a un reclamo legítimo y a sus expresiones”.
Además, agregó: “Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los Derechos Humanos para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas”, sostuvo.
En tal sentido, le habló a Gerardo Morales: “No use al pueblo jujeño como banco de prueba de la represión y saqueo que determinados sectores políticos plantean llevar adelante”, indicó el mandatario que no planea viajar a Jujuy tal como lo hizo para visitar a Milagro Sala, condenada a 13 años de presión por asociación ilícita y defraudación al Estado.
