La Unidad Piquetera, que reune organizaciones sociales no oficialistas, anunció que el miércoles 22 de noviembre, tres días después del balotaje que definirá el próximo presidente, se reunirán para discutir un plan de lucha en resistencia a un ajuste que prevén inexorable.
Para los convocantes, las dos propuestas de gobierno que se disputan la segunda vuelta encarnadas por Javier Milei y Sergio Massa, buscan “achicar el gasto público empezando por los que menos tienen”.
“Estamos preparando un plenario piquetero para el 22, para impulsar un plan de lucha por el aumento y la apertura de los programas sociales”, anticipó el líder del Polo Obrero, el browniano Eduardo Belliboni.
Por otra parte, los dirigentes sociales decidieron aguardar el avance de la investigación sobre beneficiarios de planes sociales que viajan y aseguran que son rigurosas en el control de quiénes se inscriben en el programa Potenciar Trabajo, pero no descartan que, puedan existir algunas irregularidades aunque sostienen dicen que sobre un universo de casi 1,3 millones de personas, esos casos serían menores.
Desde las organizaciones opositoras advierten una “estigmatización de los pobres” cuando avanzan las investigaciones judiciales sobre los planes sociales, pero reconocen que tiene que haber controles.
“Cualquier política de Estado tiene que tener controles y el Potenciar Trabajo los tiene, porque nosotros en particular, tenemos un cruce de datos, una cuestión rigurosa respecto de las tareas a realizar, una serie de cosas que entiendo que al menos en una parte o algunos sectores se nos hace”, indicó Silvia Saravia, coordinadora de Barrios de Pie.
Al igual que el resto de los dirigentes, señaló que “en algunos casos pueden ser personas que viajen a países limítrofes por cuestiones familiares” o “hay viajes a los que se invita a personas de distintas organizaciones para que cuenten experiencias, para hacer intercambios, y eso no implica que esa persona se paga el pasaje, sino que se lo pagan a veces organizaciones de otros países para este tipo de intercambios”.
“Englobar y meter todo en la misma bolsa no corresponde”, concluyó.
Para Mónica Sulle, del MST-Teresa Vive, entre los beneficiarios hay personas de muchas colectividades “que van juntando plata para ir a ver a su familia” y coincidió en “hay una persecución y estigmatización sobre los pobres, que no tienen derecho a nada”.
“Marijuán pide que den de baja lo que ya está dado de baja, son los 160.000 que fueron suspendidos y que no revalidaron los datos. Es una campaña publicitaria de un fiscal que no investiga nada y que se quiere hacer ver”, opinó Belliboni.
De acuerdo con la investigación judicial, 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo realizaron viajes de lujo al exterior desde 2020 una causa a cargo de la jueza federal María Servini, que deberá responder a la solicitud de Marijuán de dar de baja esos planes.
Según el informe, utilizaron cruceros, embarcaciones y aerolíneas de alta gama, entre otros medios de transporte.
