Aprobaron las facultades delegadas para el presidente Milei incluidas en la ley Omnibus


En una sesión intensa y marcada por el encendido debate político, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta tarde la delegación de facultades legislativas al presidente Javier Milei a través de la Ley Ómnibus. La medida, que otorga al Poder Ejecutivo amplias atribuciones en diversas áreas, fue objeto de intensos debates y modificaciones impulsadas por la oposición.

La Ley Ómnibus, con la aprobación en particular de los artículos 2 y 3, establece la delegación legislativa al Poder Ejecutivo nacional en materias específicas de administración y emergencia, en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional. Además, se establece que el Presidente debe informar mensualmente al Congreso sobre la aplicación de las facultades delegadas, sus fundamentos y los resultados obtenidos.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley fue el inciso H, que faculta al gobierno a “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”. Esta disposición generó resistencia, especialmente entre los gobernadores, ya que otorga al gobierno la capacidad de eliminar fondos fiduciarios, una medida considerada crítica por algunos sectores.

Durante la votación en la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) solicitó una moción de orden para que el artículo en particular se votara por incisos, dada la amplia delegación de facultades en varias áreas. La diputada radical Carla Carrizo expresó su oposición al inciso H, argumentando que darle al gobierno la capacidad de eliminar fondos fiduciarios era motivo de preocupación.

Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo denunció lo que calificó como un “fraude constitucional”. Alertó que esta modificación limita el poder y propicia el autoritarismo, permitiendo al Poder Ejecutivo tomar decisiones sustanciales en áreas como la dolarización, energía, tarifas y seguridad.