Los vecinos del barrio San Ignacio, de Esteban Echeverría, se sumaron formalmente al reclamo contra la contaminación generada por la planta procesadora Wade/Cresta Roja en El Jagüel. Con el acompañamiento del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), cuyo presidente local es Alejandro Cruz, presentaron una denuncia ante el Municipio de Esteban Echeverría y difundieron un video captado con drone que muestra una gran columna de humo gris emanando de una chimenea de la planta a baja altura y dispersándose sobre un barrio de 10 mil habitantes. Las imágenes, obtenidas en alta definición, constituyen una prueba visual directa del fenómeno que los vecinos describen desde hace años.
La adhesión de San Ignacio amplía el arco de barrios y organizaciones que en los últimos meses se movilizaron contra la misma problemática. Antes lo habían hecho la Asociación Vecinal del Barrio Mirasoles, que presentó su propia denuncia el 14 de julio, y el Colectivo Ecológico Unidos por Laguna de Rocha, que respaldó el reclamo encabezado por Cruz. El reclamo común de todos ellos apunta al mismo sector de la planta: el renderizado, donde se realiza la cocción a altas temperaturas de plumas, tripas y sangre de pollo junto con aditivos químicos para producir harina de alimento balanceado.
“No es justo que tengamos que vivir esto”
Los testimonios de los vecinos de San Ignacio coinciden en describir una situación que excede la incomodidad y afecta de manera concreta la salud, la rutina y la vida social de quienes residen en el barrio. Óscar, uno de los denunciantes, relató una escena que grafica el impacto sobre los más chicos: “Vino un amiguito de mi nene a pasar el día en casa y estuvo incómodo todo el tiempo por los olores. Al momento de sentarnos a comer, veía que no comía, le pregunto qué le pasaba y me dice: ‘No, lo que pasa es que el olor es muy fuerte, me da ganas de vomitar’“. Para Óscar, la situación es especialmente grave porque tiene un hijo pequeño: “Es imposible salir a jugar a la vereda, que ande en bicicleta afuera. En el verano que uno quiere disfrutar el aire libre es imposible, quiere disfrutar de la pileta, no se puede“.
Natalia, otra de las vecinas que brindó su testimonio, describió el impacto sobre su propia salud desde que se mudó al barrio: “Hace dos años que me mudé al barrio, nunca me había enfermado fuertemente y hace dos años que sufro de gripes con afecciones respiratorias severas“. Según detalló, el problema afecta incluso los desplazamientos cotidianos: “Muchas veces hay que taparse la nariz y la boca para poder ir a tomar el colectivo para ir a trabajar o para ir a hacer las compras. Hay que mantener las ventanas de la casa cerradas y a veces con la ventana cerrada y todo el olor ingresa a los hogares“. Natalia también convocó a la comunidad a sumarse a una campaña de recolección de firmas en curso: “Vengo a pedirles por favor que se sumen con su firma así podemos ser más y lograr este propósito para todos los vecinos“.
Walter Fernández puso el foco en las consecuencias sobre la vida doméstica cotidiana, con detalles que ilustran hasta qué punto el problema reorganiza la rutina del hogar: “No podemos salir afuera, no podemos jugar con nuestros hijos, tenemos que ver qué día lavamos la ropa porque la ropa se impregna del olor y luego tenés que volver a lavar otra vez“. A eso sumó una dimensión que pocas veces aparece en los reclamos ambientales: el aislamiento social. “No podemos invitar a familiares, parece algo muy loco pero no podemos invitar porque da un poco de vergüenza y también tenés que estar al aire libre“, explicó.
Antecedentes que se remontan a 2019
María de los Ángeles Milano aportó un dato que ubica el conflicto en una perspectiva histórica más larga. “Esto no es de este año: nosotros los vecinos de San Ignacio en el año 2019 también hicimos una denuncia, fuimos al Concejo Deliberante“, señaló. Según explicó, existen cartas firmadas por directivos de un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria del barrio, que certifican que los alumnos no pueden salir al recreo por los olores. “Acá están las cartas del jardín de infantes, la secundaria, la primaria, manifestando que los chicos no pueden ni siquiera ir al recreo con los olores que hay“, afirmó Milano, quien también describió el impacto en los animales domésticos: “Hasta los perros estornudan con semejante olor. Da asco y náuseas“.
El dato sobre las escuelas introduce una dimensión crítica: la contaminación no solo afecta a quienes pueden optar por quedarse en sus casas, sino también a niños en edad escolar que ven interrumpidas sus actividades al aire libre en horario de clases. La existencia de documentación formal de las propias instituciones educativas sobre el problema refuerza el carácter sistemático y prolongado de la situación.
“Me parece realmente inhumano lo que estamos viviendo”
Viviana, otra vecina de San Ignacio, describió el impacto en términos de salud mental y calidad de vida: “Llegamos siempre a un estado de estrés, de molestia y la verdad que no me parece humano, me parece realmente inhumano lo que estamos viviendo los vecinos de Barrio San Ignacio“. Según sostuvo, las emanaciones “te limitan a todo, te limitan a disfrutar de los momentos del día, de todo, ni siquiera compartir con la familia“.
Los cinco testimonios coinciden en un punto central que también es el eje del reclamo del CEPIS y de las demás organizaciones que se sumaron al conflicto: no se pide el cierre total de la planta sino exclusivamente del sector de renderizado. “Estamos pidiendo el cierre de un sector de la fábrica de Cresta Roja, no de toda la fábrica en sí, sino de este sector en particular donde se realiza la quema de menudencias, plumas, entre otros desechos de los pollos sumado a químicos que son realmente muy tóxicos e irrespirables“, explicó Natalia. Walter Fernández lo resumió en los mismos términos: “Hoy en día estamos con todos los vecinos tratando de aportar un granito de arena para ver si podemos lograr el cierre de este sector“.
Un conflicto que escala en todo el distrito
La denuncia de San Ignacio se inscribe en un proceso de escalada institucional que acumula hitos desde febrero de este año. En ese mes, Cruz y el CEPIS presentaron un pedido de Acceso a la Información Pública ante ACUMAR y una nota formal al intendente Fernando Gray. En marzo, la planta fue clausurada de manera preventiva, pero los episodios de contaminación continuaron. En las últimas semanas, un domingo de emanaciones que cubrió localidades como Guillón, Monte Grande, El Jagüel y 9 de Abril derivó en la convocatoria de una reunión sin precedentes: por primera vez, ACUMAR, la Dirección de Control y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua (ADA) y el Municipio se sentaron en la misma mesa junto a Cruz para coordinar acciones conjuntas.
El resultado de ese encuentro fue un operativo de fiscalización simultánea en el que todos esos organismos ingresaron a la planta mientras generaba emanaciones activas, en lo que Cruz calificó como un hito histórico. A ese proceso se sumó luego la denuncia de la Asociación Vecinal del Barrio Mirasoles y ahora la de San Ignacio, que amplían la base social del reclamo y confirman que la contaminación de Wade/Cresta Roja es percibida como un problema de salud pública por vecinos de distintos puntos del distrito. La cifra que manejan las organizaciones involucradas es consistente: más de 250.000 personas en un radio de 8 kilómetros de la planta se ven afectadas por las emanaciones del sector de renderizado.
