El contrabando volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) manifestara su preocupación por el incremento del comercio ilegal y su impacto sobre la industria nacional y el comercio formal. La organización gremial, encabezada por Daniel Mallotti, advirtió sobre la gravedad del fenómeno y cuestionó al Gobierno nacional por las políticas de ajuste y desregulación que, según sostuvo, debilitan la capacidad de control de la Aduana.
El planteo fue presentado ante la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), donde el gremio solicitó reforzar los controles fronterizos para combatir el ingreso ilegal de mercadería. Desde el sindicato señalaron que la Aduana cuenta con cada vez menos recursos, menor infraestructura y tecnología desactualizada, una situación que —afirmaron— dificulta la prevención del contrabando y favorece las maniobras ilícitas.
SUPARA denunció una Aduana con menos recursos
Desde el gremio sostuvieron que la reducción presupuestaria y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores afectan el funcionamiento del organismo. Según indicaron, la falta de inversión impide incorporar y retener personal técnico especializado, lo que debilita los controles y aumenta la vulnerabilidad frente al comercio ilegal.
En ese marco, Mallotti cuestionó las políticas impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger y afirmó que las medidas de desregulación contradicen la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Además, reclamó mejorar las condiciones laborales del personal aduanero, al considerar que son los trabajadores quienes sostienen el funcionamiento del organismo.
El contrabando habría generado pérdidas por USD 2.300 millones
De acuerdo con un informe elaborado por la consultora MAP, citado por el SUPARA, el contrabando provocó durante 2025 una pérdida estimada de USD 2.300 millones en ingresos fiscales, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El estudio sostiene que el perjuicio no solo afecta la recaudación tributaria, sino también al empleo formal, la competitividad de la industria y los derechos de los consumidores.
El relevamiento agrega que el monto perdido equivale a los recursos necesarios para construir unas 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales, dimensionando el impacto económico que, según el informe, genera el comercio ilegal.
Siempre según el informe de MAP, los rubros que registraron las mayores pérdidas fueron el sector tabacalero, con USD 1.100 millones; textiles, con USD 370 millones; neumáticos, con USD 240 millones; y celulares, con USD 190 millones.
Asimismo, el estudio ubicó a la Argentina en el puesto 120 de 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT, un indicador que, según el SUPARA, refleja la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y destinar mayores recursos para combatir el contrabando.
