Autopista Presidente Perón: la megaobra paralizada que enfrenta a Nación y Provincia en la Justicia


Pensada como una vía crucial para conectar 12 municipios del conurbano bonaerense y enlazar el norte con el sur, la Autopista Presidente Perón lleva 15 años en desarrollo y, pese a estar en su etapa final, hoy es un gigante inactivo. De sus 83 kilómetros totales, 52 ya están habilitados al tránsito, pero los trabajos quedaron completamente paralizados con el cambio de gestión en diciembre de 2023.

La situación más crítica se vive en los 31 kilómetros restantes, especialmente en un tramo de 18,5 kilómetros a la altura de Merlo que está prácticamente terminado pero cerrado al paso. Para los vecinos, lo que iba a ser una solución se convirtió en un dolor de cabeza diario: el desvío de los vehículos destrozó las calles alternativas -como la intersección de Braille y Espora- y la inmensa traza desolada se transformó en una zona liberada para el vandalismo, el desguace de autos robados y la proliferación de microbasurales.

La disputa judicial y política

Ante la falta de avances en la obra pública, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recurrió a la Justicia. En los últimos días, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar que obliga a Vialidad Nacional a “mantener y reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención” en los tramos no habilitados para evitar el acceso de vehículos o peatones no autorizados.

Sin embargo, el fallo rechazó por ahora el pedido bonaerense de retomar la obra de forma global o transferir su jurisdicción a la Provincia, e instó a ambas administraciones a buscar un acuerdo. Previamente, el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, le había solicitado formalmente el traspaso de los trabajos al titular de la cartera de Economía nacional, Luis Caputo, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, desde Vialidad Nacional argumentan que envían maquinaria de forma continua para realizar tareas de limpieza y conservación, aunque la finalización de los accesos sigue sin fecha. Mientras la política dilata las definiciones, 12 millones de habitantes del AMBA siguen esperando que se habilite una ruta clave que les cambiaría la forma de viajar todos los días.