Pacientes del ginecólogo de Burzaco, en el partido de Almirante Brown, Diego Clementi, imputado por 16 hechos de abuso sexual producidos en el marco de las consultas, reclamaron ante el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires Distrito II su inhabilitación, en un trámite aún pendiente, a pesar de que la causa fue elevada a juicio a mediados de noviembre.
La fiscalía interviniente había solicitado una inhabilitación a Clementi por el plazo de 90 días en mayo pasado cuando el acusado fue eximido de prisión por el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, quien consultó por la situación administrativa del acusado ante el Ministerio de Salud bonaerense, que informó de una suspensión cautelar y un sumario. No obstante, el Colegio Médico Distrito II señaló no haber recibido denuncias en su contra.
Por su parte, la abogada de las víctimas, Claudia Perugino, contó que “el Colegio Médico que estaba debidamente anoticiado de la situación de Diego Clementi no inicio de oficio ninguna actuación y tampoco registró o anotó en el legajo de matrícula de Diego Clementi la suspensión judicial resuelta por el juzgado de garantías que quedó firme dado que Clementi nunca apeló la misma, ni la del Ministerio de Salud”.
La letrada sostuvo que “el pedido de elevación a juicio llevó a media docena de las víctimas hasta el momento a realizar la denuncia correspondiente ante el Colegio Médico Distrito II con sede en Avellaneda para que el Tribunal de Disciplina tome intervención, proceda a iniciar sumario. Y con las debidas garantías que la ley de ética médica y la ley provincial de creación del Colegio Médico, resuelva dar el debido traslado al denunciado y con las pruebas aportadas por las victimas proceda a sancionarlo”.
“El doctor Moroni, que se presentó como apoderado del Colegio Médico, nos expresó que no tenía la más mínima idea de este caso y que nunca había contestado un oficio al juzgado. Al mostrarle las comunicaciones y las respuestas del Colegio Médico que resulta su mandante no tenía explicación alguna, ni sabía cómo explicar que no hubiese pasado por sus manos el requerimiento del juzgado de garantías, el de la fiscalía y la notificación de la eximición de prisión que fuera comunicada vía correo electrónico con copia de todas las actuaciones pertinentes”, remarcó Perugino.
En ese sentido, la abogada agregó que “las respuestas a los oficios las firmaban los miembros del Consejo Directivo, motivo por el cual era claro que estaban enterados de la causa, la gravísima acusación y el estado avanzado de la investigación“.
El procedimiento luego de la resolución del Juzgado de Garantías Nro. 4 de Lomas de Zamora, que dispuso elevar la causa a juicio, se encuentra actualmente por apelación del abogado defensor de Clementi en la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, que deberá resolver si hace lugar a los pedidos de impugnación interpuestos o la confirman para que se realice el debate oral y público.
Al respecto, Perugino indicó que “Clementi trata de evitar el juicio no solo la cantidad de hechos por los que debe responder, porque hoy son 14 elevados a juicio, sino por los que aún restan, ya que al menos dos más son los que que están para resolver cuestiones de competencia entre juzgados”.
Perugino comentó que “uno de los abogados que intervino al inicio de la tramitación de la causa era de apellido ‘Lo Grasso’ que casualmente es el mismo apellido que tiene el presidente del Consejo Directivo del Colegio Médico Distrito II, motivo por el cual el desconocimiento aludido por el apoderado de esa institución parece algo inverosímil. Este profesional ya no ejerce la defensa de Clementi, dado que fue reemplazado por Gastón Marano que también es abogado del ‘Copito’ Carrizo , imputado y acusado de participar en el intento de asesinato de Cristina Fernández”.
La abogada además advirtió que “aún no se tiene noticias del inicio de sumario, vamos a concurrir el día jueves al referido Colegio, para interiorizarnos personalmente de la tramitación de las denuncias presentadas”.
Clementi es director médico del Centro Médico de la Mujer de Burzaco, y la primera denuncia en su contra se radicó en 2017 pero los hechos que salieron a la luz por los testimonios de pacientes se remontan hasta el año 2000.
En el hospital Evita de Lanús, donde era jefe de servicio, fue desvinculado preventivamente de la atención a pacientes “hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los casos denunciados”, indicaron voceros de ese centro de salud.
En Argentina, al menos diez ginecólogos fueron denunciados o condenados en los últimos cinco años por estos delitos, siendo paradigmático el caso del médico sanjuanino Carlos Martínez, quien en 2019 recibió una pena de 21 años de cárcel por haber abusado de 17 pacientes.
