El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en un fallo donde el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.
La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.
La sentencia consideró que la decisión del gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.
“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.
El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.
En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.
La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei
Por su parte, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una serie de acciones públicas en rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El martes 19 de agosto se realizará una vigilia con velas en Plaza de Mayo, mientras que el miércoles 20 habrá una movilización frente al Congreso, coincidiendo con el tratamiento legislativo del tema en la Cámara de Diputados.
La iniciativa busca visibilizar el impacto que, según denuncian, tendría la falta de vigencia de la norma: pérdida de pensiones no contributivas, riesgo de interrupción en el acceso al Programa Federal Incluir Salud, limitaciones en rehabilitación, educación, transporte y medicación para personas con discapacidad, además de la posibilidad de cierre de hogares y residencias por falta de recursos.
“Perder las prestaciones no es cambiar de cobertura, es quedarse sin atención porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones. No hay hogares, no hay centros donde estar. Las personas y sus familias quedan a la deriva”, advirtió el sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro.
Molero también señaló que la situación de trabajadores y profesionales del sector es crítica: “Hay personas que están pidiendo su pensión en situación de pobreza y no se la están dando. Se suspenden y se quitan pensiones. Los trabajadores de talleres protegidos sobreviven con apenas 28 mil pesos mensuales. Por eso les pedimos a los legisladores que rechacen el veto, porque la situación es peor que cuando votaron la ley”.
En referencia al Gobierno nacional, Molero remarcó: “Niegan la emergencia en discapacidad. Dicen que no hay plata, pero tampoco reconocen la gravedad de la situación. Si no hay fondos, ¿Cómo no va a haber emergencia?”.
Desde el Foro subrayaron que la convocatoria será sostenida “con lluvia o con sol” y que la presencia ciudadana es clave para que el reclamo “se escuche con más fuerza” en el Congreso.
