La crisis de financiamiento en el sector de discapacidad alcanzó un punto de no retorno en el sur del GBA. En las últimas horas, los directivos de dos emblemáticas instituciones de Llavallol, en el partido de Lomas de Zamora, y Ezeiza lanzaron un desesperado grito de alerta: si no reciben fondos de manera inmediata, se verán obligados a cerrar sus puertas la próxima semana, dejando a cientos de familias sin atención básica.
En Llavallol, el centro de rehabilitación y taller protegido Talita Kum —que asiste a unos 160 pacientes— denunció que la obra social estatal Incluir Salud no transfiere fondos desde diciembre. La situación es inédita para una institución con tres décadas de trayectoria.
“Si no ingresan los fondos, Talita tendría que cerrar. Este mes aún no hemos podido hacer frente a la totalidad de los honorarios profesionales, algo que nunca nos había ocurrido”, explicó su director, Enrique Muntaabski. El centro no solo brinda terapias, sino que emplea a 35 personas con discapacidad en su panadería, un espacio de integración que hoy parece que tiene fecha de vencimiento.
Ezeiza: Cedime ya no tiene para comprar alimentos
A pocos kilómetros, en Ezeiza, la situación del centro de día Cedime es aún más extrema. Su presidente, Raúl Woites, confirmó que la institución ya funciona bajo un plan de “supervivencia”, con suspensiones de dos días por semana para achicar gastos, pero el límite llegó a la cocina.
“Esta semana tuvimos que salir a pedir donaciones de comida porque no teníamos para los pacientes. Llegar a esa instancia nos obliga a cerrar”, confesó Woites. Según el directivo, la administración nacional no gira fondos desde noviembre y la provincia de Buenos Aires mantiene deudas de facturación de todo el 2024.
Un mapa de abandono
El drama de estas dos instituciones del sur no es aislado. Según referentes del sector, el ajuste impulsado por el Gobierno Nacional ya generó el cierre de 50 centros de día a nivel país, pero el impacto en el Conurbano es especialmente crítico por la densidad poblacional y la falta de alternativas para pacientes de bajos recursos.
Los puntos clave de la asfixia financiera son:
- Deuda acumulada: Pagos frenados desde fines de 2023 por parte de Incluir Salud.
- Crisis de transporte: Los prestadores no cobran y han dejado de trasladar a los pacientes a los centros.
- Vulnerabilidad: El 75% de los asistentes a estos centros dependen exclusivamente del Estado y no tienen otra opción de tratamiento.
El fantasma de la “Ley de Discapacidad”
Tanto en Llavallol como en Ezeiza, los directivos coinciden en que el nuevo proyecto de ley y el reempadronamiento de pensiones que busca el Ejecutivo nacional es una “agresión” extra hacia un sector ya castigado.
“El objetivo parece ser que la gente se muera”, lanzaron con crudeza desde las organizaciones, mientras esperan un movimiento político que evite que el Conurbano Sur pierda dos de sus pilares más importantes en materia de inclusión.
