Piden la Emergencia Nacional en Violencia de Género

El petitorio de Mumalá ya tiene más de 44 mil firmas. La medida contempla un aumento en el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres.

Imagen de una protesta para visibilizar la problemática

Casi a diario hubo femicidios durante enero. Algunos días, las víctimas fueron dos. Desde pequeñas de 10 años a mujeres de más de 60 se contabilizan entre las víctimas. En muchos de los casos, los agresores se suicidaron o intentaron hacerlo. Prendidas fuego, golpeadas y enterradas vivas, atacadas con martillos, baleadas y apuñaladas. Esas fueron las causas de  las muertes.

Desde Mujeres de  la Matria Latinoamericana (Mumalá) reclaman la Emergencia en Violencia de Género, pero es mucho más que un nombre. Entre otros puntos, piden que se  incremente el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres (INaM) para tomar acciones concretas para prevención.

Celeste Castillo murió el 1 de enero, su atacante se suicidó. Tres días después, el 4 de enero, fue asesinada Valeria Juárez y su atacante también se suicidó. Al día siguiente, 5, Silvia Tehl Ricci de Canalini se sumaba a la lista de víctimas fatales. El 6 de enero, Dayana Moyano fue violada y asesinada. Un día después, Joselin Mamani aparecía muerta en su casa de Longchamps.

El 8 de enero, Gisel Varela fue asesinada a balazos tras una discusión con su ex. El 12, Susana Yas fue ultimada a golpes. El 13 de enero, Agustina Invimkelried fue secuestrada, violada, golpeada y enterrada aún con vida; su agresor se suicidó. Danisa Canale fue atacada a mazazos el 15 de enero.

El 16 de enero, Romina Ugarte fue asesinada de un disparo en la cara. Tres días más tarde, el 19, Silvia Pereyra fue apuñalada en su casa. Ramona Romero y Liliana Olguín se sumaron a la fatídica lista el 20 de enero.

Sandra Bordón fue asesinada a golpes el 21 de enero. Al día siguiente, 22 de enero, Mariana del Arco fue baleada por su ex pareja, quien se suicidó. El 25 fue encontrado el cuerpo de Angelina Cáceres. Dos víctimas se sumaron al día siguiente: Pyrhia Saroussy y Lily Pereg. El 29 de enero fue encontrado el cuerpo de Gisella Solís Calle, el atacante se suicidó; también fue asesinada Valeria Coppa, su atacante intentó suicidarse. Juana Carolina Brítez Rojas murió el 31, tras varios días de agonía por haber  sido prendida fuego.

“Desde MuMaLá exigimos la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género”, señala la organización feminista, que impulsa una petitorio que ya cuenta con más de 44 mil firmas, e informó que el año pasado hubo 259 femicidios. 

Detrás del pedido de la emergencia hay mucho más, hay reclamos concretos, exigencias de políticas y fondos para luchar contra el flagelo. Entre  otros puntos, piden un aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al INAM y definir que un 10 por ciento del Presupuesto de cada Ministerio se destinen a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes.

El petitorio contempla un monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género y impulso de protocolos provinciales en el mismo sentido; aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales; Asignación para Víctimas de Violencia (AVV), becas y rentas para alquiler; creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género; implementación del Patrocinio Jurídico Gratuito.

Aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de Áreas de una Políticas de género, así como en Organizaciones de la Sociedad Civil: sindicatos, vecinales, clubes, espacios culturales; incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros; implementación federal del Programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida, son otros puntos que contemplan el pedido de la Emergencia.

También solicitan la implementación real y efectiva de Educación Sexual Integral (ESI) en los distintos niveles educativos; creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional; urgente implementación de la “Ley Micaela” de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.

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