El Gobierno promulgó este jueves la Ley 27499, conocido como “Ley Micaela”, que prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos.
La iniciativa fue formalizada a través del Decreto 38/2019. La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
La iniciativa, impulsada por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Analía Rach Quiroga (FPV-PJ), entre otros legisladores, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
El caso
Micaela García tenía 21 años y era estudiante de educación física, además de una activa participante del #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017, y su cuerpo fue hallado sin vida una semana más tarde.
Por el hecho fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”. También sentenciaron a cinco años por “encubrimiento” a su ex patrón, Néstor Pavón.
Wagner es un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban taxativamente.