Alertan sobre un aumento de femicidios: una mujer muere cada 26 horas

Así lo advierte el relevamiento del observatorio "Ahora que sí nos ven", que da cuenta de 257 femicidios desde que comenzó el año. "Mumalá", por su parte, recopila 226 casos en el mismo período.

Imagen de una protesta para visibilizar la problemática

Mes a mes se conocen estadísticas parciales y los números alertan. Organizaciones feministas advierten sobre un incremento de femicidios y advierten que cada 26 horas muere una mujer en la Argentina por violencia machista.

El observatorio “Ahora que sí nos ven” realizó un relevamiento desde el 1 enero hasta el 31 de octubre, que reveló que en ese período hubo 275 femicidios en el país; es decir, una mujer fue asesinada cada 26 horas. Por su parte, la organización “Mujeres de la Matria Latinoamericana” (Mumalá) también presentó un relevamiento aunque la cifra fue de 226 femicidios, lo que da cuenta de un femicidio cada 32 horas. 

El informe de AQSNV precisa que del total de 275 femicidios, 259 de las víctimas fueron mujeres y 26 fueron femicidios vinculados. Mumalá precisa, en tanto, que 192 mujeres fueron víctimas, mientras que se registraron 28 femicidios vinculados, 6 trans y travesticidio y alertó que hay 38 muertes en proceso de investigación. 

Desde las organizaciones feministas culparon al Gobierno de Mauricio Macri por la profundización de la problemática. 

“El aumento de la violencia tiene que ver con la falta de voluntad política del gobierno actual y la retirada del Estado”, sentenció Leticia Corral, de Ahora que si nos ven, y agregó: “A eso se suma el mal funcionamiento de la contención que debería funcionar desde el Estado, como ser la comisaría de la mujer, el poder judicial, hospitales, unidades sanitarias y todas las dependencias gubernamentales”.

Desde Mumalá apuntaron: “Necesitamos medidas urgentes, concretas y efectivas para la prevención, asistencia y erradicación de las violencias contra las mujeres e identidades disidentes”. “En el gobierno de Mauricio Macri no solo estuvieron ausentes presupuestos acordes a la dimensión de la problemática en las áreas específicas, sino que achicando el Estado y aumentando los índices de pobreza se profundizaron las desigualdades de las mujeres y del colectivo diverse disidente”, concluyeron.

Ahora que sí nos ven 

El relevamiento del observatorio precisó que de los 275 femicidios en un 35 por ciento de los casos las mujeres había hecho la denuncia contra el agresor y en un 26 por ciento de los casos los femicidas contaban con una medida judicial.

En cuanto a la modalidad, vale mencionar, que en un 25 por ciento, las muertes fueron con armas de fuego y en igual porcentaje con armas blancas; un 9 por ciento fueron a golpes, 15 fueron muertes por asfixia, 8 por ciento quemadas y de un 10 por ciento no hay datos. 

Otro dato que se supo a partir del informe fue que el lugar físico donde ocurrieron los hechos. En un 63 por ciento fueron en la vivienda de la víctima, en un 28 por ciento fue en la vía pública, un 4 por ciento en la vivienda del agresor y un 5 por ciento de “otros”.

Mumalá

Por su parte, el informe de Mumalá precisó que las edades de las víctimas fueron, en un 10 por ciento de 0 a 12 años; un 2 por ciento de 13 a 15; un 47 por ciento de 19 a 40 años; un 24 por ciento de 41 a 60 años y un 9 por ciento más de 60 años . 

Otra dato importante que señala el informe es que el 18 por ciento  de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente, el 9% tenía restricción de contacto o perimetral, el 2% poseía botón antipánico.

Respecto de la modalidad, muertes por arma de Fuego hubo un 26 por ciento; por arma blanca un 30 por ciento; por asfixia un 13 por ciento; incineradas un 8 por ciento; a golpes un 17 por ciento; y torturadas, envenenadas o caídas de altura, un 6 por ciento.

El lugar de los hechos fue según el informe de Mumalá en un 37 por ciento en la vivienda compartida con el agresor; en un 10 por ciento sucedieron en la vía pública; 10 por ciento ocurrieron en un descampado; 8 por ciento en la vivienda del agresor; 4 por ciento fueron en propiedad privada, y 2 por ciento vivienda de un familiar.