El gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto 871/2018 y puso en marcha, entonces, la reparación económica para víctimas colaterales de femicidios.
El texto advierte que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) es la autoridad de aplicación de la Ley N° 27.452 y tendrá a su cargo la administración de los recursos dispuestos para el cumplimiento de la misma. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrá a su cargo la tramitación administrativa, liquidación y puesta al pago de la prestación.
Se crea la Comisión Permanente de Seguimiento que tendrá por finalidad el monitoreo y control del Régimen de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes. “Dicha Comisión será el órgano encargado de promover el seguimiento social de los menores, su ámbito familiar y de los/las guardadores/as, tutores/as, curadores/as, adoptantes, priorizando las solicitudes de los destinatarios/as que acrediten situación o riesgo de vulnerabilidad socio-económica”, agrega el decreto.
La Ley Brisa, impulsada por la Casa del Encuentro y aprobada en Diputados en julio pasado, propone un pago mensual para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que hubieran sido víctimas colateral de femicidio por hechos de violencia de género producto del cual hubieran quedado huérfanos de madre.
La ley fue denominada “Brisa” inspirada en el caso de una niña de 5 años, la cual fue víctima colateral por el asesinato de su madre en manos de su padre. En los últimos diez años, 3.378 hijos e hijas se quedaron sin madre.
Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente. Además, será parte del presupuesto nacional y se la considera de atención integral.
