El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El proceso contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado Nacional, en el marco de la Ley Bases que declaró a la compañía “sujeta a venta”.
A través de su cuenta de X, Caputo sostuvo que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”. Además, defendió el rumbo de la administración nacional al señalar que el objetivo es que el Estado deje de utilizar empresas públicas “como cajas políticas” y se enfoque en garantizar reglas claras para atraer inversiones privadas.
El avance hacia la privatización de AySA se aceleró a fines de abril, cuando el Gobierno aprobó el modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El esquema prevé que al menos el 51% de las acciones quede en manos de un operador estratégico seleccionado mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto podrá colocarse en bolsas y mercados del país.
Según el texto oficial, la nueva concesión mantendrá el sistema vigente, aunque incorporará una reorganización integral del servicio para otorgar mayor previsibilidad normativa y definir con precisión las obligaciones del concedente y del futuro concesionario. También se estableció que la empresa deberá cumplir con el “Plan de Acción de Transición 2024-2026” y trasladar esas metas al primer ciclo tarifario previsto para el período 2027-2031.
Desde el Gobierno remarcaron que el proceso de privatización no afectará la continuidad del servicio y que se desarrollará bajo criterios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”. En paralelo, el mercado seguirá de cerca dos aspectos clave: el esquema tarifario que regirá en los próximos años y las obligaciones de inversión que deberá asumir el futuro operador privado.
