Con el aval de 203 votos afirmativos, la Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la “ley Brisa”, por la cual se crea el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
La iniciativa impulsada por la Casa del Encuentro propone un pago mensual para aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que hubieran sido víctimas colateral de femicidio por hechos de violencia de género producto del cual hubieran quedado huérfanos de madre.
La diputada de la UCR Alejandra Martínez fue la encargada de explicar los alcances del proyecto. “El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales. Es el momento en que más necesitan del Estado”, sostuvo.
“Estamos aquí con esta posibilidad de dar respuesta, con una reparación económica fundamental ante el desamparo de la víctima. Hemos decidido dar una lucha contra la violencia de género y hacernos cargo como estado de lo que esa violencia genera”, expresó Martínez
Desde el FPV-PJ, Cristina Álvarez Rodríguez recordó que “no hay ámbito privado en la violencia de género. No siempre la justicia actúa como tiene que actuar en estos casos”. “En la prevención no podemos esperar más, porque el Estado llega tarde con esta pensión”, añadió.
La diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau, en tanto, aseveró que esta “ley no resuelve el problema de fondo, tiene cosas que se podrían haber mejorado”.
“Cuando un niño pierde a su mamá de manos de un femicida, no hay retorno, y no hay reparación económica que alcance. Por eso esta ley viene a poner el foco en las víctimas colaterales de los femicidios. Y tiene que ser parte de un plan de lucha sistemática contra la violencia de género”, evaluó.
La ley
La ley fue denominada “Brisa” inspirada en el caso de una niña de 5 años, la cual fue víctima colateral por el asesinato de su madre en manos de su padre. En los últimos diez años, 3.378 hijos e hijas se quedaron sin madre.
Para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente. Además, será parte del presupuesto nacional y se la considera de atención integral.
