El Senado tendrá este miércoles desde las 14 una sesión extraordinaria en la que convertiría en Ley la prórroga de la declaración de emergencia alimentaria en Argentina hasta 2022.
Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará dos horas antes de la sesión.
En una nota firmada el jueves pasado por los senadores del oficialismo, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó para este miércoles a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral.
La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas para no dilatar la aprobación de la norma, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados hace una semana y casi por unanimidad.
El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, ratificó a la agencia estatal Télam que se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas pero aclaró que le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.
A su vez, voceros del bloque del peronismo, que preside el cordobés Carlos Caserio, y del bloque que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes adelantaron su disposición a la aprobación de la norma sin reparos.
El proyecto
El proyecto reúne una decena de iniciativas impulsadas por diferentes bloques de la oposición y plantea la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional, además de impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
También establece “un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
Además, faculta al Jefe de Gabinete a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para poder destinar fondos para aplicar esta ley.
También se autoriza a partir del 1 de enero del 2020 y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que “el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada “Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional” que apruebe el Congreso de la Nación.
También se fija que la Sindicatura General de la Nación, en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos.
