Marcha atrás: El Gobierno revocará el protocolo de interrupción legal del embarazo

La medida se había publicado este miércoles en el Boletín Oficial, impulsada por la Secretaría de Salud que conduce Adolfo Rubinstein.

El Gobierno nacional decidió revocar el nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” que se había publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

Según fuentes oficiales, los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, trabajaban esta tarde en el texto revocatorio de la resolución elaborada por la Secretaría de Gobierno de Salud y esa decisión estaría reflejada este jueves en el Boletín Oficial.

La revocatoria apuntaría a “la falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer”. Estos tres organismos, según explicaron las fuentes, “presentaron notas al ministerio solicitando la intervención en el proceso”

La actualización del Protocolo impulsada por la Secretaría de Salud, se adecuó a “normativas internacionales”, para garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.

La normativa 3158/2019 se confeccionó “teniendo en cuenta las dos ediciones de la ‘Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles’ de 2007 y 2010”.

“La actualización del Protocolo responde, también, a la necesidad de renovar las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la ILE (dosis de medicamentos y AMEU-Aspiración Manual Endouterina) y reforzar la importancia del acceso rápido a la atención integral y a la práctica, haciendo hincapié en la atención en el primer nivel y los tratamientos con medicamentos”, remarcó la resolución.

Se establece que esta actualización “es parte de la política pública llevada adelante por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva” y que “responde a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación”.