Defensores de los 19 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires solicitaron la prisión domiciliaria para miles de detenidos por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, y mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias. El juez de Casación Penal Víctor Violini, protagonista de otras decisiones polémicas, lo avaló y las críticas se incrementaron. La defensa del magistrado.
“El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución”, aseguró Violini este miércoles a través de Twitter.
El juez de la Cámara de Casación bonaerense aceptó el pedido de más de 2.300 reclusos y firmó su liberación el 23 de abril. Consideró aceptables los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, sobre detenidos tanto en cárceles como en comisarías ante la pandemia.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) plantean que “la crisis humanitaria que atraviesa el sistema de encierro se le suma ahora una amenaza más: la expansión de la pandemia de COVID-19” y “frente a esta grave situación hacen falta respuestas excepcionales y urgentes”. “Es la hora de la justicia, que debe atender de inmediato los pedidos de morigeración de pena. Es imprescindible que se aplique el fallo del tribunal de casación provincial en el que el juez Víctor Violini resolvió la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables, conforme lo establecido por la OMS”, señala.
El 30 de marzo, Violini avaló el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional. Carolina Píparo denunció, acto seguido, que recibió amenazas por parte del condenado por el asesinato de su hijo Isidro.
“Yo en calidad de víctima me siento igual que toda la sociedad. No hay criterio. Es muy difícil decirle a la sociedad que se quede en aislamiento y de repente vemos que sale un violador, un asesino”, aseguró la diputada provincial de Juntos por el Cambio esta mañana.
El malestar, de todos modos, había comenzado el 8 de abril, cuando Violini ordenó la domiciliaria para Pedro Olmos, un hombre de 68 años acusado de violar a una nena de 13 años en el marco de un cumpleaños familiar en Burzaco.
“La defensa presentó un hábeas corpus explicando que el detenido no está alojado en el Servicio Penitenciario sino en una Comisaría de Burzaco bajo condiciones de hacinamiento, sin tratamiento médico, que sufre neumonía, hipertensión y, que además, tiene osteoporosis por lo que está postrado en una cama sin posibilidad de movilizarse por sí mismo”, explicó, “Concedemos el hábeas corpus, pero lo dejamos en manos del juez de Lomas de Zamora solicitando que se resguarde la salud psicofísica de la víctima”, apuntó.
Sin embargo, Olmos lleva a cabo el arresto domiciliario en un domicilio ubicado a metros de donde vive la víctima. La familia de la joven asegura que no sabe nada y no le permiten tener contacto con los medios de comunicación para no angustiarla.
