Stella Maris Soria, hija de un delegado gremial de Astillero Río Santiago asesinado por la última dictadura militar, relató ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata la búsqueda por hallar a su padre y expresó las dificultades para hacer el duelo y entender que “se llevaron una persona y te entregan un par de huesos”. Tenía 5 años cuando entraron a la casa de los abuelos para llevárselo.
Se trata de la hija de Miguel Ángel Soria, quien trabajaba en el Astillero Río Santiago de Ensenada, fue secuestrado en 1976 y tras estar cautivo en varios centros clandestinos de detención, fue asesinado en febrero de 1977 y arrojado a una fosa común en San Martín, de donde recién pudo ser identificado y entregado a sus familiares en el 2010.
“El 6 de junio de 1976 yo tenía 5 años y, no me olvido más, estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, comenzó a contar Stella Maris, quien destacó que “a partir de ese día nos cambió la vida a todos y empezó el peregrinar por comisarías, mi abuela mandó cartas al Arzobispado y presentó hábeas corpus”.
Y advirtió: “Hasta mayo de 1977 las fuerzas armadas siguieron viniendo a casa de mis abuelos, todas las noches, para buscar a mi papá. Mi abuelo ponía el despertador, porque sabía que a las 2-3 de las mañana llegaban”. “Cuando identificaron los restos de mi papá nos dijeron que había sido asesinado el 3 de febrero de 1977, al fingir un enfrentamiento, es decir que lo mataron y siguieron viniendo a la casa”, apuntó.
“Es difícil entender que se llevaron una persona y te entregan un par de huesos, un esqueleto incompleto, un cráneo multifragmentado, es difícil hacer el duelo y entenderlo”, lamentó con voz quebrada que obligó a un pequeño cuarto intermedio hasta que la mujer se recompuso.
Stella Maris Soria pudo saber que su padre estuvo cautivo en una comisaría de La Plata, “en la Brigada de Lanús y en San Martín y que lo mataron en Caseros”. “Yo me quedé con mis abuelos y acompañé a mi abuela a todos lados (a buscar a Miguel Ángel) hasta que no los tuve más, y si hoy estoy acá, es por ella y por mi viejo, para que se haga justicia, tiene que condenar a perpetua y cárcel común”, afirmó.
La madre de Stella Maris, María Esther Duet, quien trabajaba en el frigorífico Swift, también declaró en esta jornada y contó cómo se enteró que su esposo estaba siendo buscado en allanamientos en su casa y la casa de sus suegros y debió esconderse en casa de un familiar, en el interior de un placard; y en una pequeña casilla, lejos de la mirada de los vecinos, por miedo a ser delatada. “A mi hija la crió mi suegra y nunca pude tener un vínculo (de madre-hija), nunca más la pude tener en mis brazos o dormir con ella, nada de eso tuve, y cuando pasan estas cosas siempre tenés culpa, y te echan la culpa”, recordó.
Norma Soria, hermana del delegado de Astillero Río Santiago, contó que junto a su madre recorrieron unidades carcelarias, regímenes abiertos, distritos militares sin encontrar nada. “Sabemos que estuvo en El Infierno, en San Martín y por los peritos (del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses) supimos que estaba en una fosa común en San Martín, que lo habían encontrado fusilado en la calle, junto con otras chicas”, precisó.
El TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público. En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
Este martes, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
