Delegados gremiales declararon en el juicio del Pozo de Banfield

Se trata de dos sobrevivientes y el hermano de un desaparecido. Los torturaron por exigir mejores condiciones laborales.

Tres hombres, dos de ellos sobrevivientes de la última dictadura militar, relataron ante la justicia federal de La Plata cómo el régimen dictatorial se ensañó, persiguió y torturó a los trabajadores que bregaban por mejores condiciones laborales.

Se trata de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

Los tres hombres declararon ayer ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a los represores por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.

Nicolás Barrionuevo contó que el mismo día del golpe de Estado los militares tomaran la fábrica Saiar y el 3 de abril irrumpieron fuerzas represivas en su casa y se lo llevaron, situación que presenció su hija de 4 años.

“Al ingresar a la fábrica, Saiar llevaba 30 años de producción plena, y como integrante del Cuerpo de Delegados nuevo buscamos la aplicación de la Ley de Seguridad Industrial y peticionamos un plus por la producción para todos los trabajadores, un comedor, el respeto al horario y ayuda para los compañeros que habían perdido un dedo, o una mano por el balancín y a partir de eso exigimos los elementos de seguridad previstos en la ley”, detalló Barrionuevo. “Eso nos condenó, los patrones nos condenaron por eso”, dijo en referencia a la connivencia del sector empresarial con las fuerzas armadas.

Recordó que estuvo cautivo en el Pozo de Banfield, donde fue torturado “en la parrilla”. “En todo el tiempo que estuvimos allí nunca tuvimos ni siquiera una lona para dormir y si bien había un baño a él nos llevaban cuando ellos querían no cuando nosotros lo necesitábamos”.

Oscar Pellejero, miembro del sindicato de no docentes de la Universidad Nacional de Luján, contó: “El 25 de marzo a la noche, me sacan de mi casa personal del Ejército y nos llevan encapuchados hasta la autopista, a la salida de Luján, donde nos hacen un simulacro de fusilamiento”.

“Nos trasladan a Puente Doce y esa misma noche nos cargaron en otra camioneta a un grupo de gente grande y nos llevaron a lo que luego supimos que era el Pozo de Banfield, ahí si se torturaba gente, se sentía, pero a nosotros nos amenazaban con que nos iban a torturar”, relató. Recordó que en ese centro clandestino el médico de la policía Jorge Bergés, uno de los imputados en este juicio, los revisaba individualmente y les daba “dos pastillas para dormir y dos cigarrillos”.

Finalmente, Sixto García, hermano de Silvano José García, contó la persecución que sufrió su hermano, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), quien trabajaba y vivía en la granja San Sebastián. “Mi hermano era un hombre respetado y muy comprometido, nunca retrocedía, ni un paso atrás, y, cuando supo que estaban como se decía ´chupando´ trabajadores, llevó a su familia a casa de una hermana, pero él regresó a la Granja San Sebastián, a pesar del peligro que sabía corría”, dijo.

Con la voz quebrada, recordó que su hermano Silvano decía que volvía a la Granja “porque no quiero que piensen que soy un cobarde”. Silvano fue secuestrado el 26 de marzo de 1976. Otro de sus hermanos, Martín, se atrevió a ir a la Granja San Sebastián a buscar a su hermano y encontró “todo dado vueltas” y no pudo encontrar a su hermano, quien sigue desaparecido.

El TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.

La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.

El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.

En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.

En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público. En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.

En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.