Juicio del Pozo de Banfield: Declaró la sobreviviente Laura Franchi

Ella estuvo detenida en el centro clandestino de Banfield y luego fue trasladada a un penal, donde nació su hija Silvina. Su compañero, Mario Alfredo Stirnemann, fue asesinado y sus restos fueron hallados en 1994 en el cementerio de Lomas de Zamora.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó este martes el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.

En el marco de la audiencia 12, se escuchó el testimonio de una de las víctimas del terrorismo de Estado, quien declaró desde Francia. Laura Franchi fue secuestrada estando embarazada y tras pasar por el centro clandestino de detención y exterminio de Banfield fue trasladada al penal 8 de Olmos, donde nació su hija Silvia Stirnemann.

Su compañero Mario Alfredo Stirnemann fue secuestrado el 3 de noviembre de 1975. Sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora, tras una ardua búsqueda encabezada por su hija María Laura.

El tribunal integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

El testimonio

La mujer, oriunda de la ciudad de Olavarría, contó que debido a la persecución política que sufrían ella y su esposo Mario Alfredo Stirnemann, militante peronista y sindicalista que trabajaba en Loma Negra, se habían instalado en Quilmes.

El 23 de noviembre de 1974, la mujer decidió ir de paseo con su hija María Laura, en ese entonces de 4 años; su cuñado Juan José Stirnemann; una amiga y su hijo de 3 años, cuando fueron detenidos por la policía. Ella estaba embarazada.

Contó el horror de las torturas. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, remarcó y agregó que “las personas que torturaban eran personas preparadas para torturar”, pero que no sabía “quiénes eran”. “En 1974 se empezó a preparar el horror que vivimos después, fue el inicio de esas prácticas de tortura que implementaron de más en más después”, dijo.

Franchi relató que posteriormente se llevaron a su hija, a quien restituyeron a su abuela, en tanto Laura fue trasladada al Pozo de Banfield. “En ese lugar me llevaban a un sótano donde me interrogaban, siempre con un reflector en mi rostro para que no pudiera ver el rostro de las personas”, dijo.

Recordó que al llegar a la Brigada de Banfield le hicieron “un simulacro de fusilamiento” y que en ese centro clandestino “no tenía controles médicos” a su embarazo.

Posteriormente, Franchi contó que fue traslada a la cárcel de Olmos, donde tuvo contacto con otras mujeres detenidas embarazadas y volvió a ver a su hija María Laura, constatando que la niña padecía problemas de comunicación como consecuencia del trauma por lo sufrido.

La mujer recordó que ya estando a punto de parir fue “llevada a un dispensario” donde le hicieron “un tracto vaginal” que le provocó una hemorragia, por lo que tuvieron que trasladarla a otro lugar, en el que permaneció “encadenada” y rodeada de “ratas”. Franchi dio a luz en el Policlínico de La Plata, encadenada y con custodia y luego debió volver a Olmos.

Posteriormente fue trasladada a Devoto y luego, en 1981, se le permitió salir del país. “La justicia llega tarde, entonces una pierde la esperanza. Espero para el futuro de mi país que, antes hechos así, la justicia llegue antes”, subrayó al cerrar el testimonio del horror sufrido. En 1981 se exilió en Francia, donde vive hoy en día.

EL JUICIO

El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.

En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.

En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.

El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.

En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.

Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.

En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.

El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.

En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. En la jornada de la semana pasada, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.

LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.