Una acción de amparo reclamando la inconstitucionalidad de las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires que imponen nuevas restricciones para volver al país y la decisión de obligar a los bonaerenses que regresen del exterior a hacer una cuarentena obligatoria en hoteles, pagos por ellos mismos fue presentado por una familia que debe regresar a la Argentina el próximo domingo.
“El encierro y restricciones para circular de los argentinos, merced del antojo de la autoridad jurisdiccional a la que se le delegó el control de la peste, no puede ser arbitrariamente ejercido con grave afectación de las garantías constitucionales”, sostiene la demanda presentada por el abogado Norberto Borlenghi.
El letrado, de 73 años, indica que el 3 de abril recibió la primera dosis de la Sputnik V yal notar que la segunda dosis “brillaba por su ausencia”, tuvo que pagarse un viaje para completar la inmunización con “otra compatible como la Pfiszer” que , finalmete se inoculó es los Estados Unidos. “No me quedó otra opción”, asegura.
Junto con él viajaron su pareja, María Bibiana Collini, y sus hijas: María Valeria y María Julieta, ambas de 23 años a quienes como su turno para recibir la vacuna les quedaba “muy lejos en un plazo incierto” debieron viajar “para conseguir en el exterior lo que la Argentina no proporciona”.
El escrito que ingresó en el juzgado federal de San Martin, desde donde ya se corrió vista al fiscal, cuestiona la validez del DNU 411/2021, y la Decisión Administrativa Nº 643/2021 dictada por el jefe de Gabinete Santiago Andrés Cafiero, el ministro del Interior Eduardo Enrique de Pedro y la ministra de Salud Carla Vizzotti, y “la que se encuentra en ciernes de ser dictada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”,
“Se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, sostiene la presentación.
La situación, indica el escrito, es un “absurdo intolerable” y que las disposiciones gubernamentales constituyen “una afrenta a la libertad ambulatoria y de tránsito que se encuentra protegida por la Constitución Nacional, afectando los derechos protegidos” por la Carta Magna y pone de relieve que el deber de resguardar la salud pública no implica que “constituya un pretexto para vulnerar los derechos ciudadanos, ya que ha existido tiempo más que suficiente para que la administración arbitre los medios necesarios para que puedan regresar al país y a sus hogares los ciudadanos que se encuentran en el extranjero, bajo las condiciones y metodología que el mismo Gobierno ha establecido al momento de la partida de esos ciudadanos hacia el exterior”.
“Por qué 600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta -tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y que podía hacer la cuarentena en sus hogares”, se pregunta el denunciante, quien subraya que la “normativa restrictiva, no aborda ni explicita cuales son los criterios científicos que sustentan la medida en un marco de razonabilidad, tampoco demuestra por qué las mismas son estrictamente necesarias y mucho menos proporcionales al objeto que pretenden tutelar”.
