El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial debería convertirse en una “ley de consenso”. Ayer, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados
“No tenemos ningún problema en explicar a la sociedad (el objetivo de la iniciativa); por eso queremos que sea un proyecto de ley con consenso. En el Senado lo logramos; no hubo grieta y esperamos que se repita en Diputados”, afirmó el funcionario a Diputados TV al referirse al dictamen de mayoría que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo en la Cámara baja y que establece un “marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”.
En ese sentido, precisó: “Queremos que sea un proyecto para la Argentina, no para una fuerza política, porque va a beneficiar a muchísima gente que va a acceder a un puesto de trabajo y a muchísima gente que va a acceder a un producto terapéutico medicinal de manera legal y de calidad y que le va a hacer el efecto que está esperando”.
Sobre los próximos pasos del proyecto, el ministro dijo que “el objetivo de corto plazo, cuando se sancione la ley, es crear la agencia regulatoria, avanzar en la reglamentación que requiere pasos importantes en conjunto”, y explicó que la idea de la agencia “es articular todos los sectores que tienen que ver con la actividad”. “El Ministerio de Salud es clave para la actividad, el de Seguridad, el de Agricultura, el de Ciencia y Tecnología, es importante que el sector tenga una ventanilla única para poder articular estos proyectos. En segundo lugar, queremos trabajar en lo que es investigación y desarrollo, trabajando con ámbitos científicos y tecnológicos”, aclaró.
“Nuestro objetivo es desarrollar una industria nueva en escala productiva. Esto requiere desafíos enormes porque todavía hay mucho para aprender. Hemos estudiado lo que ha pasado en otros casos, tanto en países desarrollados como en países de la región, así que también conocemos qué errores evitar”, explicó el titular de la cartera productiva.
Dictamen
La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados emitió ayer dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece el “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, iniciativa que fue desarrollada ante los legisladores por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.
El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.
El Ministerio de la Producción detalló que el potencial económico para el desarrollo de la actividad del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), 500 millones de dólares en ventas al mercado interno anuales y 50 millones de dólares de exportación anuales, revelan los datos.
El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de “maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos”.
