La vicepresidenta Cristina Fernández presentó, nuevamente, la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti por su vínculo con el gobierno porteño. “El mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, precisó.
“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, anunció la Vicepresidenta esta mañana a través de redes sociales.
El texto advierte que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un “trabajo” rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana. Desde 2019, Capcuhetti pasó de ser investigadora a “Investigadora Senior” (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como “Investigadora Senior” del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más”, detalla.
Y agrega: “Es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo“.
También menciona que “el origen del sueldo que cobra ilegalmente Capuchetti da lugar a un segundo gran motivo de la recusación. La autoridad política es el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marcelo D’ Alessandro. Esto tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el espacio político que integra”.
“Por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la policía federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida”, advierte.
Vale recordar que el ministro de Justicia Martín Soria presentó la semana pasada una denuncia penal contra su par porteño, ahora en uso de licencia, por el escándalo de los chats. “La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, sostuvo.
