Con críticas de la oposición, el oficialismo inició el debate de juicio político contra la Corte

La semana próxima se escuchará a los autores de los 14 proyectos de juicio presentados.

Tras casi cuatro horas de reunión en las que n faltaron momentos tensos, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el debate de los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio cargó contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate..

En el comienzo del encuentro, la presidente de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, repasó los 14 proyectos de resolución presentados y detalló la catarata de denuncias de delitos que contienen cada uno.

“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, aseguró la oficialista, quien aclaró: “El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”.

Al explicar cómo continuará el procedimiento, la diputada dijo que el 2 de febrero recibirán a los autores de proyectos para que expongan; en tanto, el 9 de febrero, se tratará “el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando”.

“En caso que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente”, agregó. Y subrayó que “la causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución Nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”.

Luego, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, pidió convocar a “una serie de invitados para discutir la admisibilidad” porque “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Queremos discutir con rigurosidad con juristas y asociaciones de magistrados”, planteó el jefe de la Coalición Cívica.

En cuanto a los testigos que se citarán, la oposición buscará que el ministro de Economía, Sergio Massa, asista a exponer su posición debido a su rol de líder del Frente Renovador, una de las tres patas que integra la coalición oficialista. Además, Gaillard confirmó, ante una consulta de Graciela Ocaña, que los gobernadores que apoyaron el pedido estarán invitados.

Sin hacer referencia a la cuestión reglamentaria, el primer discurso político llegó por parte del mendocino Omar De Marchi: “Me niego a naturalizar que esta comisión forma parte de la agenda principal o importante de la Argentina”.

“La Argentina hoy tiene otra agenda”, enfatizó y resaltó el “50% de pobres y el 100% de inflación acumulada”. “El ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace con la inflación a costa de los sectores más vulnerables”, denunció.

“Si se preocupan por la inflación, la Suprema Corte también es parte de este problema, porque no le ha permitido al Poder Ejecutivo llevar adelante la posibilidad de que los servicios de comunicación e Internet sean públicos y permitan los aumentos desmedidos de un servicio que hoy es vital”, apuntó la kirchnerista y lanzó: “¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento? Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro”, respondió la camporista mendocina Marisa Uceda-.

El santafesino Germán Martínez, jefe del oficialismo, argumentó que hay una “situación de gravedad institucional extrema” y “esto que venimos a hacer tiene que ver con una crisis que está viviendo la justicia argentina, de la cual hay sospechas gravísimas y análisis muy concretos de que no solamente hay arbitrariedades, parcialidades, situaciones de mal desempeño, sino que también en algunos casos hay claramente persecución política”.

Otro de los momentos calientes se dio con el discurso del arista Juan Manuel López, quien cuestionó que la comisión se reunió “después de que el presidente de la Nación y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) intentaron incumplir” dos fallos de la Corte Suprema, en relación al Consejo de la Magistratura y la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque “le molestan al poder político, no hay otra razón, todo lo demás que están agregando, en muchos casos, me parece cotillón”.

“En tres años, (la Corte) solo les saca dos fallos adversos y prudentes, yo no sé qué quieren. Quieren el sometimiento total del Poder Judicial a su voluntad y eso no corresponde con el sistema democrático y constitucional, por eso ustedes atacan a la Corte”, cargó y disparó: “Yo creo que hay dos características que le podría poner al Frente de Todos, no a todos sus miembros, pero sí a sus líderes: la mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, y en algunos casos son las dos cosas”.

Desde el Interbloque Federal, el titular de ese espacio, Alejandro “Topo” Rodríguez, se despachó contra el kirchnerista Rodolfo Tailhade: “Dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No. Es humildemente una opinión. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos Tailhade”.

Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman dijo que “obviamente esto tiene muchísimo de montaje electoral”, al tiempo que “esta iniciativa claro que le conviene a Juntos por el Cambio”. “Estamos convencidos que les conviene a todos esta discusión en lugar de estar debatiendo los grandes problemas económicos”, se quejó.

El kirchnerista Leopoldo Moreau aclaró que “el juicio no se hace a la Corte, sino a los miembros”, y calificó al máximo tribunal de “escuálida que se ha ido achicando no solo en números, sino que se ha ido achicando también desde el punto de vista de su prestigio jurídico intelectual”.

Con el eje puesto en la coparticipación, el sanjuanino José Luis Gioja planteó que las provincias “no” deben bajar la bandera del federalismo y explicó que se trata de “toda la torta de impuestos nacionales que recauda la Nación y los reparte. A la Nación le toca el 42% y a las provincias el 57% y el 1% al Ministerio del Interior”.

Avanzada la reunión, otra de las duras exposiciones de Juntos por el Cambio fue por parte del diputado Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que “este juicio político, absurdo en sus fundamentos, que está basado en pruebas ilegales, que está condenado a una derrota estrepitosa en el recinto, sí tiene un objetivo que ustedes quieren cumplir, porque ustedes han sido muy hábiles en la cuestión simbólica. Ustedes tienden a socavar ante la opinión pública la base moral de los fallos de la Corte”.

“Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy duro esta ofensa. Lo van a pagar en las urnas, pero mucho más lo van a pagar ante la historia, que con desprecio no les va a conceder ni siquiera el don del olvido. Con esta ordalía ridícula ustedes creen están matando a la República, yo digo que se están suicidando”, cerró.

En la próxima reunión se escuchará a los autores de los 14 proyectos, entre los que hay diputados, la senadora Juliana Di Tullio -jefa de Unidad Ciudadana-, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cinco particulares.

El texto encabezado por el legislador Eduardo Valdés, que ingresó luego del pedido del presidente y diez gobernadores, menciona entre las causales el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley del Consejo de la Magistratura, el fallo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, entre otras. El oficialismo también apunta contra los magistrados por el fallo 2×1 de 2017 y la inacción frente al escándalo de Lago Escondido, sobre el viaje de jueces federales, exespías, funcionarios porteños y empresarios de medios.