Apenas alrededor del 25 por ciento de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires cuentan con una cámara de seguridad, pese a que el Gobierno bonaerense asegura que otorgó unos 2.500 millones de pesos para que las empresas implementen esa herramienta.
“El Estado puso la plata para las cámaras de seguridad” y las empresas nunca hicieron la instalación, lanzó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quien habló de 2.500 millones de pesos destinados a ese fin. “Hemos intimado a las empresas con no pagarles el subsidios”, agregó aunque no explicó por qué no se controló el destino de esa partida de dinero.
De las más de 8.000 unidades que circulan, solamente 2.000 cuentan con las cámaras funcionando, pese a que una ley de 2016 obligó a las compañías a instalar estos dispositivos que graban en tiempo real. A esto se sumó en 2021 que los colectivos nuevos que las empresas sumen a su plantel ya deben contar con cámaras.
En abril de 2018, luego del asesinato del chofer Leandro Alcaraz en La Matanza, se reglamentó la ley de fines de 2016 para obligar a las empresas a instalar los dispositivos en los vehículos.
Sin embargo, el plazo de 180 días del principio no se cumplió, ya que las compañías argumentaron dificultades económicas para enfrentar la erogación de dinero que representaba instalar las cámaras.
Recién a mediados de 2019 empezaron a colocarse las primeras cámaras, aunque a un ritmo muy lento, lejos de lo que habían anunciado y prometido la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristina Ritondo.
En octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, un grupo de delincuentes asesinó de cuatro balazos a Pablo Flores, conductor de la línea 218 que hacía el recorrido por Virrey del Pino, en La Matanza.
En aquel momento, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, prometió mayor seguridad y celeridad en avanzar en la colocación de cámaras.
