La Iglesia Católica insistió en su pedido por el envío de alimentos a comedores populares y se mostró en contra de la eliminación de los movimientos sociales como intermediarios que propone el Gobierno.
“Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”, señaló la Comisión Episcopal de Cáritas a través de un comunicado.
Tras la reunión que protagonizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con Luciano Ojea Quintana, director nacional de Cáritas Argentina, desde la institución se encargaron de explicar que se trató de “la renovación de un convenio de meriendas”, y plantearon que “se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”.
De esta forma, la Iglesia pidió que tanto los movimientos sociales, asociaciones, centros vecinales y sindicatos, entre otras instituciones puedan continuar con la asistencia a los sectores vulnerables debido a que los niveles de pobreza incrementaron. “En un país cuya pobreza sigue creciendo y que no admite miradas sesgadas, prejuicios ideológicos y peleas sectoriales, somos testigos de que muchos hermanos viven la angustia de no saber con qué alimentarán mañana a sus hijos”, precisaron.
El pasado jueves en el marco de las protestas de la izquierda, Pettovello firmó un convenio por 20 mil millones de pesos para la compra de cinco millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.
