El Gobierno publicó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de extinción de dominio, anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. La resolución advierte la “necesidad de modernizar” y “dotar de herramientas” a la Justicia, para acelerar los procesos y “dar respuesta a la sociedad”.
El decreto 62/2019 advierte que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.
La corrupción “implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley”. “El Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo del crimen organizado”, apunta el texto.
Señala que hay una “necesidad de modernizar los procesos es una exigencia que demanda la sociedad y el inicio de un cambio de paradigma” y “es necesario dotar al sistema de Justicia de nuevas herramientas que otorguen al sistema civil agilidad, celeridad y eficacia para dar respuestas a la sociedad”.
“Se regula por el presente una acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”, manifiesta el DNU, y apunta que “la finalidad de esta herramienta es extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos por efecto de actos de corrupción o crimen organizado, a fin de recuperarlos en beneficio del conjunto de la sociedad”.
Aclara que “el demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito” y “la competencia para entender en las acciones previstas en el régimen que por el presente se establece ha de corresponder a la Justicia Federal en lo civil y comercial”.
Explica que la iniciativa fue debatida el 23 de junio de 2016 en la Cámara de Diputados “en base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes partidarios” y girado al Senado, donde se aprobó el 22 de agosto del año pasado “a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales”. El proyecto volvió a su cámara de origen, pero no fue debatido el año pasado. “El proyecto lleva así más de dos años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal”, señala.
El DNU lleva la firma del Presidente; Marcos Peña, jefe de Gabinete; los ministros Rogelio Frigerio, Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Patricia Bullrich, GErmán Garavano, Carolina Stanley, Alejandro Finocchiaro y Dante Sica y Jorge Faurié.
