El anuncio del Gobierno bonaerense para atender la superpoblación de las cárceles de la provincia a través de la puesta en marcha de un plan de infraestructura penitenciaria que contempla sumar 20.000 nuevas plazas mediante la ampliación de los complejos en funcionamiento, la construcción de otros ocho y la creación de 30 alcaidías en el conurbano generó reacciones dispares en los municipios en los que se asentarán estas obras.
Si bien esta iniciativa cuenta en términos generales con el aval de la Legislatura bonaerense que acompaña la decisión de construir complejos penitenciarios en San Vicente, Cañuelas, Marcos Paz, General las Heras y General Rodríguez; y alcaidías en los municipios con mayor cantidad de detenidos: como Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, San Vicente, Berazategui, Moreno, Quilmes, Merlo, Tigre, San Isidro, Malvinas Argentinas, Morón, José C. Paz, Tres de Febrero, Pilar, San Miguel, Escobar, San Fernando; Hurlingham, General Rodríguez y Zárate.
En ese sentido, el ejecutivo provincial ya logró la autorización legislativo para comenzar a trabajar en tierras de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre; en tanto que la semana pasada consiguió la media sanción en Diputados para hacer lo propio en Lanús, Ezeiza, Tres de Febrero y Morón.
Al respecto, en Lanús, donde gobierna Néstor Grindetti, subrayaron la importancia de “contar con infraestructura en Seguridad” y precisaron que la propuesta es emplazar la alcaidía en Villa Jardín, “un barrio humilde donde se reclama por mayor seguridad”. Sin embargom voceros del Ejecutivo local advirtieron que el proyecto “deberá ser refrendado por el Concejo, una vez que la Legislatura -que ya dio media sanción en Diputados- apruebe la expropiación de tierras”.
Por el contrario, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, alineado con el oficialismo provincial se comprometió con sus vecinos a “hacer valer la negativa a cualquier proyecto de esas características”, una postura similar a la de su par de Cañuelas, la justicialista Marisa Fassi: “Yo no quiero cárceles en Cañuelas”, sentenció la jefa comunal.
En Quilmes, el proyecto de erigir dos alcaidías en la zona ribereña de la Autopista Buenos Aires-La Plata, cuenta con el aval de la intendente Mayra Mendoza quien revista en el Frente de Todos mientras que el legislador radical quilmeño, Fernando Pérez, denuncia que “no hubo audiencia pública” y reclama “discutir más” el proyecto “porque, en general, este tipo de instalaciones provocan un impacto negativo en las zonas donde se emplazan” a pesar que la expropiación de las tierras ya cuenta con el aval de la cámara que integra.
Es tanto que en Berazategui, el intendente del Frente de Todos, Juan José Mussi, logró que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza para ceder al ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense el uso “precario y gratuito” de un predio para la instalación de una alcaidía con 300 plazas aunque la oposición local reclama que “el expediente llegó al Concejo para tratarse sobre tablas, sin pasar antes por el análisis de ninguna comisión, ni realizar estudios previos de impacto socioambiental, ni audiencia o consulta popular”, según reclamó en declaraciones periodísticas la concejal de Juntos por el Cambio, Vanina Pasalaqua.
