El empleo público aumentó su ritmo de crecimiento durante la pandemia, con la creación de casi 90 mil puestos en la esfera estatal, advirtió un informe de la Fundación Libertad y Progreso que señala que “a pesar de que no hubo crecimiento económico, los empleos públicos aumentan, lo que configura más presión sobre un gasto que se financia con emisión”.
Según datos del Ministerio de Trabajo, desde que empezó la pandemia 89.247 asalariados privados perdieron su empleo, lo que representa una caída del 1,5% del empleo privado, mientras que se crearon 86.025 empleos públicos, marcando una suba del 2,7% en este sector.
“La grieta entre el sector público y el privado se profundizó con el Covid-19, aunque ello no es exclusivo de esta gestión, pues el punto de inflexión fue la crisis de confianza en 2018”, indicó la entidad que precisa que desde diciembre del 2017, el empleo público creció en 131.805 puestos, mientras que se perdieron 385.042 empleos privados por lo que si bien el primero aumentó su planta casi a la par de la caída del segundo, no logró recuperar los empleos perdidos.
En porcentaje, el empleo privado cayó 6,1% en simultáneo al crecimiento del 4,2% del público.
En términos interanuales, al observar la serie con estacionalidad, puede notarse que el empleo público creció 3,1% este año, la mayor suba interanual desde junio del 2016.
Diego Piccardo, economista en la Fundación Libertad y Progreso, indicó que los gobiernos fueron decisivos en este detrimento.
“Los datos muestran que, a la hora de enfrentar una crisis, es el sector privado el que termina realizando el ajuste mientras que el público sigue contratando trabajadores”, cuestionó.
Además, el analista hizo foco en los últimos dos años y explicó que “si para enfrentar una crisis como la del 2018 o la del Covid-19, el Estado contrata más trabajadores financiado mediante mayores impuestos o inflación, el sector privado se va a terminar asfixiando cada vez más como consecuencia de esta enorme presión tributaria”.
La regulación laboral
Otro factor a tener en cuenta es la regulación laboral y la industria del juicio, que generan altos costos tanto para las pymes como para grandes empresas, y deben medirse a la hora de contratar trabajadores.
En ese sentido, Aldo Abram, director ejecutivo en Libertad y Progreso, propuso disminuir la carga impositiva sobre el salario, pero, también reclamó “reformar la legislación laboral que hace sumamente riesgoso tomar un trabajador” al considerar que ambas cosas permiten bajar el costo extra salarial y, por ende, incentivar la creación de puestos productivos sin afectar los ingresos del empleado.
Piccardo, por su parte, sostuvo que la prohibición de despedir es similar al cepo cambiario: “Como sucede con la entrada de dólares, que un cepo desincentiva la entrada de divisas, cuando se impone un cepo para despedir empleados, se desincentiva contratar nuevos trabajadores”.
“A pesar de la fuerte recuperación económica, la cantidad de empleo productivo está lejos de los momentos previos a la pandemia; ya que nadie sabe cuándo va a volverse a caer la demanda de sus productos y no quieren encontrarse con una nómina salarial que no puedan reducir”, señaló.
Al respecto, consideró que “Argentina debe insertarse en un círculo virtuoso de crecimiento, creación de empleo, mejoras salariales y estabilidad macroeconómica; y salir del círculo vicioso de estancamiento, déficit fiscal e inflación en el que se encuentra actualmente”.
Finalmente, Abram subrayó consideró que “para volver a retomar el camino de la creación de empleo privado, es necesario que crezca la inversión productiva”. Para el ejecutivo “a mayor inversión, se incorpora más y mejor tecnología, que mejora la productividad de los trabajadores y, por ende, se crea más empleo y los salarios reales suben”.
