Mediante un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a intendentes y gobernadores de todos los municipios y las provincias del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y el control del cumplimiento del congelamiento de precios dispuesto por la Secretaría de Comercio hasta el 7 de enero próximo. Los funcionarios locales podrán labrar actas, pedir el auxilio de la fuerza pública, allanar locales industriales y comerciales, secuestrar libros e intervenir mercadería, entre otras acciones.
La normativa precisa que, para el cumplimiento de los controles, las autoridades municipales se limitarán a labrar un acta de infracción en caso de observar incumplimientos, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
También los funcionarios locales podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.
También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario; y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción.
Del mismo modo, los intendentes están habilitados para intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.
