Cómo fue el plan represivo de la Dictadura en el sur del conurbano

Probablemente uno de los méritos más importantes del período institucional iniciado en diciembre de 1983 en la Argentina, a casi cuatro décadas de su comienzo, sea la naturalización del sistema democrático de gobierno por parte de la mayoría de los argentinos. Lejos de los temores que despertaba la centralidad de las fuerzas armadas en la política nacional durante buena parte del Siglo XX, hoy nadie teme que los uniformados violenten el orden institucional, tomen el poder y lancen un plan represivo de persecución y exterminio contra militantes políticos, gremiales o sociales. Sin embargo, esa atrocidad ocurrió en estas tierras, en estos mismos barrios, en las mismas calles que hoy transitamos, contra hijos, padres, hermanos y amigos.

Al menos 457 personas fueron secuestradas y dos docenas de centros clandestinos de detención o de puntos de apoyo -donde se recluyeron detenidos ilegales temporariamente- funcionaron en el sur del Gran Buenos Aires. Cerca de casa, en edificios que aún están en pie o que incluso siguen funcionando como oficinas públicas.

El paso del tiempo diluye en ocasiones el impacto de los hechos y los vuelve ajenos, los convierte en referencias bibliográficas, cuadros descoloridos o fotos ajadas. Y así, tendemos a pensar que son de un orden distinto a lo real, a lo cotidiano. Pasa con la humanidad de los próceres, con las guerras, y muy probablemente esté pasando con la represión ilegal ocurrida durante la década de 1970.

Los nacidos en democracia, naturalmente, han perdido proximidad con la época del terror institucionalizado, y la tragedia, entonces, corre el riesgo de convertirse en un acontecimiento tan real como la Revolución de Mayo o la Guerra de la Independencia. No es que esos hechos no hayan ocurrido, pero pasaron en un tiempo y una realidad tan lejana que parecen tener poco que ver con nosotros, con nuestro presente.

Difícilmente nos veamos nuevamente ante la necesidad de cruzar la cordillera de Los Andes a lomo de mula, sin embargo, la tentación de instalar gobiernos autoritarios que restrinjan las libertades individuales y sociales no es un fenómeno del pasado. Con diferentes estrategias, las amenazas a las formas de vida democrática han continuado vigentes en muchos países, y en otros directamente los regímenes autoritarios son el sistema habitual de gobierno.

La memoria, una responsabilidad compartida

En un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, responsable de la implementación de un plan sistemático de represión, tortura, desaparición y asesinato de argentinos, como probó la justicia, mantener viva la información acerca del modo en que se instrumentó ese plan en la región puede ser un aporte para retener en la cercanía un acontecimiento que no debe repetirse.

Con prolijidad criminal, la conducción de las Fuerzas Armadas de aquel entonces dividieron al país en zonas operativas que asignaron a diferentes armas y unidades dentro de cada una de ellas. Hacia adentro de esas zonas, las autoridades designadas operarían con la suma del poder público y serían amos de la vida y la muerte de miles de argentinos, sin otro condicionante que su propia voluntad.

Sólo en los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría (que en ese momento incluía a Ezeiza) y en San Vicente (por entonces unido a Presidente Perón), al menos 457 personas fueron asesinadas o secuestradas, según la información disponible en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que depende del Ministerio de Justicia.

Municpio	Víctimas
Almirante Brown	51
Avellaneda	105
Esteban Echeverría	11
Ezeiza	10
Lanús	130
Lomas de Zamora	132
Zona sur del GBA	18
Total	457

En aquella distribución de responsabilidades represivas, la denominada Zona 1 abarcó la Capital Federal, casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, con excepción del sudoeste y una pequeña porción de territorio hacia el noroeste, y la provincia de La Pampa. Es decir que esta región sur del conurbano quedó incluida en esa repartición.

Tal vez como reconocimiento hacia la principal arma del país, la Zona 1 quedó “bajo el control operacional del Comando del Cuerpo de Ejército 1”, y en su interior, según reconstruyó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron identificados 237 centros clandestinos de detención (CCD) o puntos de apoyo.

La denominación como CCD, según el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, corresponde a “aquellos  lugares que reúnen como características específicas: a) la clandestinidad y el secreto sobre el uso dado a las instalaciones; b) el uso dado sostenido en el tiempo; c) instalaciones especialmente construidas, modificadas o funcionalmente adaptadas, para alojar prisioneros en gran número y por períodos prolongados (en algunos casos también acondicionadas para la realización de partos clandestinos); d) la realización en el lugar de interrogatorios sistemáticos acompañados de tormentos, como parte de la actividad de  inteligencia  de  los  distintos grupos  de  tareas  (GT),  y,  en  general,  su  base  operacional; e) aplicación desde o en sus dependencias del destino final de los prisioneros”

“Destino final” era el eufemismo utilizado por las cúpulas militares para referirse a distintas modalidades de ejecución de detenidos seguida de la desaparición de sus restos. Como se sabe, podían incluir desde “vuelos de la muerte”, que implicaba arrojar los cuerpos al Río de la Plata desde aviones militares. También había ejecuciones e inhumaciones clandestinas -o entierros legales pero como cuerpos sin identificación, aun cuando las tuvieran- e incineración o destrucción de los restos.

Dentro del área 112, subzona 11, Zona 1, funcionaron al menos 26 unidades de detenciones ilegales entre Centros Clandestinos de Detención y Puntos de Apoyo.

Fuente: Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado

En cambio, se denomina Punto de Apoyo “a los lugares o dependencias que, como parte de un circuito o estructura dada, habrían alojado excepcionalmente detenidos ‘en tránsito’ hacia  o  desde  otros  lugares  de  reclusión  clandestinos,  o  que  hubieran alojado  personas  detenidas ilegalmente de  forma  eventual,  por  períodos  cortos  de  tiempo en  cumplimiento  de  tareas propias de su función, de policía u otras, o en casos específicos”.

Justamente en esta categoría se incluyen muchas comisarías del conurbano que eran operadas por la policía bonaerense, algunas de las cuales aún siguen operativas.

La prolija organización represiva

Ya sobre el final de 1975, como antesala del golpe militar, el Ejército había dispuesto internamente la división del país en cuatro zonas operacionales que respondían a cada uno de los cuatro cuerpos de Ejército, a las que luego le sumó una quinta en el norte de la provincia de Buenos Aires que quedó bajo el control del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Según ese plan, el Ejercito contaría con la colaboración de la Armada y la Fuerza Aérea, y la subordinación de las fuerzas de seguridad federales o provinciales que operaran bajo su jurisdicción.

Dentro de cada una de las cinco zonas, a su vez, dividieron el territorio en subzonas, áreas y subáreas, cada una con su propia jefatura, que, en una lógica de compartimentación de atribuciones, era responsable por el accionar represivo en el lugar.

Así, dentro de la burocracia represiva militar, el sur del conurbano bonaerense quedó comprendido en la Zona 1, Subzona 11. Y dentro de ellas, varias áreas contenían a los municipios del conurbano.

El Área 112 en particular estaba integrada por los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora y San Vicente. Por entonces, lo que hoy conocemos como municipio de Ezeiza formaba parte de Echeverría, y Presidente Perón estaba integrado a San Vicente.

Dentro del área 112, subzona 11, Zona 1, funcionaron al menos 26 unidades de detenciones ilegales entre Centros Clandestinos de Detención y Puntos de Apoyo, según el “Listado de centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión ilegal del terrorismo de Estado en la Argentina entre 1974 y 1983”, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Centros clandestinos y puntos de apoyo

En Almirante Brown, la lista oficial de lugares de detención incluye a las comisarías de Adrogué, Burzaco, Longchamps, Rafael Calzada y Claypole. Centros registrados con los números 140, 284, 1214, 87 y 71 respectivamente en la nómina general.

En tanto, en Avellaneda la lista incluye como Centro Clandestino de Detención a la Brigada de Investigaciones de Lanús/Avellaneda, conocida entonces como “El Infierno”, ubicada en 12 de octubre 234, y señalizada en 2015 como Espacio de la Memoria según prescribe la Ley 26691. También funcionarion como punto de apoyo las comisarías de Piñeyro, Dock Sud, Sarandí y Villa Echenagucía, todas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Además, la delegación Avellaneda de la Policía Federal operaba también como un centro de detención ilegal transitorio.

En cuanto a Esteban Echeverría, solo figuran dos dependencias policiales: La comisaría de Monte Grande, también señalizada en 2013 como espacio de la memoria, y “La 205”, por la dependencia policial asentada sobre esa ruta, en la localidad de 9 de abril, a pocos metros de la autopista Ricchieri. En cuanto a la primera, según el Observatorio del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento -que hizo su propio relevamiento de CCD- su accionar estuvo vinculado con los CCD “El Vesubio”, “Cuatrerismo-Brigada Güemes” (o “Protobanco”) y Destacamento de Arana, entre otros.

En Lanús, operaron como centros de apoyo las comisarías de Lanús Oeste, Lanús Este, Valentín Alsina y Monte Chingolo, además de la Unidad Regional II de Lanús, ubicada en Juncal y Anatole France.

Finalmente, en Lomas de Zamora el sistema represivo usaba como puntos de apoyo las comisarías de Banfield, Temperley, San José, Budge y la de Puente La Noria. A esos espacios se les sumó un Centro Clandestino de Detención conocido como “Pozo de Banfield”, tristemente célebre por haber sido uno de las más importantes centros de partos clandestinos, y uno de las primeros en ser señalizado como sitio de la memoria, en 2008.

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

Luego de años de inexplicable demora, el 27 de octubre de 2020 El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el exmédico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, entre los que se encuentra el Pozo de Banfield. Una señal tardía de que la tragedia que aún sigue latente como brutal legado de la última dictadura, esa de cuyo inicio hoy se cumplen 45 años.

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Lista completa de víctimas de la represión ilegal en la región

La nómina, que contiene 457 nombres, apellidos, lugares y condiciones de detención u homicidio, fue extraída por InfoRegión del Listado de Víctimas del Accionar Represivo Ilegal del Ministerio de Justicia, que incluye 8632 nombres de víctimas de desaparición forzada y asesinatos.