Un proyecto de ley para crear un Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad, que busca eliminar los planes sociales mediante la oferta a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años fue presentado hoy por cuatro diputados nacionales enrolados en el Pro..
La iniciativa de los legisladores José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira incorpora beneficios para las empresas que tomen, primero como pasantes y luego como empleados efectivos, a quienes estén registradas en este plan para, de ese modo, transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral propiciado por el Estado.
Según la iniciativa, este programa absorbería a todos los planes sociales y obliga al universo de beneficiarios a tomar un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán hasta cuatro horas diarias y con un máximo de 20 horas semanales como requisito para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social al que podría acceder por un plazo que no podrá superar los 24 meses
Tras ese período, el beneficiario dejará de percibir el beneficio y será dado de baja, porque se estima que esa persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.
“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.
La autoridad de aplicación estaría a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien creará un Registro de Empresas Productivas (REP), donde los empleadores interesados podrán inscribirse para contratar a quienes participan en estas capacitaciones.
En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
“Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”, explicó Núñez.
Además, el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por seis meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.
