Un proyecto de ley que busca promover la incorporación de mujeres y personas con identidades de género no binarias en cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional fue presentado en la Cámara de Diputados, como una medida tendiente a “erradicar la reproducción de sesgos de género”.
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos, establece la incorporación de los criterios de representación y perspectiva de género en los procesos de selección de personal de organismos centralizados y descentralizados del Estado nacional.
En los fundamentos del proyecto, el legislador oficialista sostuvo que si bien la distribución por género del personal que no detenta funciones ejecutivas en el Sistema Nacional de Empleo Público “es igualitaria”, no ocurre lo mismo en los puestos de conducción.
“Esa paridad desaparece a medida que se evalúa la composición en los cargos de mayor jerarquía. En los cargos de alta dirección pública y autoridades superiores comienza a evidenciarse la mayor proporción de varones en desmedro de las mujeres y personas con identidades”, aseveró Pérez Araujo.
Según un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, las autoridades superiores, “tienen una presencia de varones preponderante en los cargos políticos del gabinete nacional como ministros/as, secretarios/as y subsecretarios/as de Estado”.
Con respecto a los cargos de alta dirección pública de la APN, en 2021 eran ocupados en un 36% por mujeres y el 64 % por varones, consigna la iniciativa presentada en la Cámara Baja.
De acuerdo con lo previsto en el proyecto, de aprobarse la norma, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tendría que arbitrar los medios para promover el logro y continuidad de la paridad de género en los cargos de alta dirección pública de la Administración Pública Nacional (APN) y formular sistemas de medición y rendición de cuentas en materia de representación de géneros en esos organismos.
El proyecto establece además que las asociaciones sindicales participarán “para fiscalizar los procesos de selección, ingreso, evaluación de desempeño y promoción con el objeto de garantizar la perspectiva de género, la transparencia, la igualdad real de trato y oportunidades”.
